Por Fadlala Akabani*
Los pasados 25 y 26 de marzo del presente fueron publicados en The Economist los artículos Mexico must unleash its private sector yMexico’s broken economy, dos editoriales en total consonancia con su dogma liberal clásico, la arrogancia e ignorancia desde la cual se aproximan a un objeto de estudio, en este caso la economía mexicana y, por supuesto, el espaldarazo a Donald Trump y su afán por recuperar a América Latina como patio trasero.
El primer editorial, el del 25 de marzo, critica las reformas constitucionales que han tenido lugar desde que Morena y la 4T alcanzaron el poder en 2018; es decir, las reformas que tenían por objeto desmantelar el marco jurídico del modelo neoliberal. El texto hace énfasis en los cambios de la normatividad en materia energética: se recuperó la rectoría del Estado en el sector, sin vetar la entrada al capital privado, como calumniosamente se afirma en la revista británica.
Con poco rigor, desde la ignorancia o el dolo, se afirma que el gobierno de Claudia Sheinbaum está reculando en esa fórmula y abriendo la inversión al sector privado. Sin embargo, desde la propuesta de reforma eléctrica de López Obrador (2022) se establecía el porcentaje de participación para los sectores público y privado de 54% y 46%, respectivamente. Bien vale ponderar que Andrés Manuel López Obrador no pudo revertir totalmente la reforma energética de Peña Nieto (2013) debido a la antipatriótica defensa que el viejo Poder Judicial hizo de la que fuera la joya de la corona del modelo neoliberal. Actualmente, los porcentajes de participación antes mencionados siguen siendo los mismos y quedaron asentados en la Ley del Sector Eléctrico (2025).
Por supuesto, el texto es crítico de la reforma judicial y de la elección de sus miembros por supuestamente crear incertidumbre jurídica y alejar la inversión extranjera del país. Sin reconocer el logro de la 4T de incrementar los ingresos del gobierno sin crear nuevos impuestos ni subir los ya existentes, se critica la forma de generarlo; es decir, dejar de condonar impuestos a los grandes corporativos nacionales o extranjeros. Nostalgia por las extintas prebendas del gran capital en México.
En el segundo editorial, el del 26 de marzo, se cuestiona la capacidad de la economía mexicana para crecer en 2026, y se hace énfasis en la negociación del T-MEC como un factor de incertidumbre que desincentiva la inversión, especialmente la local. Sin datos ni precisión, también se critica la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, al que con prejuicio se le acusa de ser un freno para la formalización y el crecimiento de la economía. El mismo rancio y equívoco dogma de la reacción conservadora nacional para justificar el estancamiento del salario mínimo.
Estudios como el de Nancy Ivonne Muller Durán y Sara María Ochoa León (2024) concluyen que el incremento al salario mínimo (138% acumulado desde 2018) no tiene causalidad sobre la inflación, y que existe espacio para continuar con esta política sin generar tensión en los precios al consumidor. BBVA Research (2024) afirma que los aumentos al salario mínimo no han tenido efectos negativos en empleo e inflación; datos oficiales (STPS-IMSS: 2023-2026) muestran que el empleo formal está rompiendo récords y alcanzando máximos históricos: 22.8 millones de empleos formales en noviembre de 2025.
Leo estos artículos como muestra del softpower ideológico del capital anglosionista y sus intereses en el hemisferio. Anunciado por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, el nuevo mapa estratégico de Trump, la Gran Norteamérica.
*Analista