México, al desamparo del Poder Judicial

Aprovechando un partido de la Selección Mexicana de Futbol y por medio de la corrupta y represora Policía Federal, el gobierno de Felipe Calderón se hizo con el control de las instalaciones de Luz y Fuerza la noche del 10 octubre de 2009, al día siguiente fue publicado el decreto de extinción de la paraestatal en el Diario Oficial de la Federación.

A pesar de la violenta ocupación de las instalaciones, el despido de facto que socavó derechos laborales de más de 44 mil trabajadores y la grosera intromisión del secretario del Trabajo calderonista, Javier Lozano Alarcón, en la vida interna del sindicato, en julio de 2010, casi sin deliberación, el pleno de la SCJN avaló de forma unánime el actuar ilegal de Calderón, al determinar constitucional su decreto, desde su privilegiada posición salarial y nepotismo rampante, calificaron como excesos inconvenientes para la economía nacional las conquistas laborales de un opositor político a la privatización del sector energético, el SME. Tras declarar como terminada la relación laboral (colectiva e individual) entre sindicalizados y gobierno, al SME le fue concedido un amparo con el que se reconocía a la CFE como patrón sustituto en septiembre de 2012, sin embargo, fue impugnado por el gobierno federal y finalmente revocado en 2013 de manera unánime por el pleno de la SCJN. La reforma energética fue impuesta por una artificial mayoría PRI-PAN en el Congreso, representantes muy poco representativos de la sociedad mexicana, pues, de acuerdo con una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el 54% de los mexicanos estaba en contra de la inversión privada en el sector energético, y el 73% prefería el desarrollo tecnológico propio de Pemex para la explotación del petróleo en aguas profundas sobre la asociación con empresas internacionales.

La Ley de Consulta Popular exigía el 2% de firmas del padrón nominal de electores, alrededor de 1 millón 600 mil firmas; Morena se volcó en abril de 2014 a las calles para recolectar 2 millones 712 mil firmas que entregó en septiembre al Senado de la República. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la improcedencia de realizar la consulta, por calificarla de inconstitucional, negando el derecho al pueblo de México de incrementar su participación activa en la democracia y desoyendo su voluntad en la toma de decisiones estratégicas.

Pese a ser contraria a la voluntad de la mayoría de los mexicanos y contravenir el espíritu de los preceptos fundacionales de nuestra Constitución Política, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa desechó la solicitud de amparo contra la reforma energética que encabezó Manuel Bartlett en 2014. En cambio, a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por la Cuarta Transformación, aprobada por el Congreso en proceso legislativo, le bastó un solo día después de haber sido publicada en el Diario Oficial para que el juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro, determinara la suspensión definitiva de su aplicación, a pesar de existir un precedente reciente, donde un fallo suyo fue revocado por magistrados luego de señalarle que un juez de amparo no podía conceder una suspensión que no es solicitada.

De acuerdo con datos de la CFE, los efectos negativos de la reforma energética hecha por la clase política al servicio de la oligarquía, tan sólo en materia eléctrica, son un mercado distorsionado que atenta contra la competitividad de pequeñas empresas y que concentra los subsidios en el consumo de grandes empresas y corporativos que pagan un precio promedio de 1.75 pesos por kilowatt-hora; es decir, sólo el 56% de pago de una tienda de abarrotes (3.1 pesos) o el 33% de lo que paga un hogar sin subsidio, 5.2 pesos por kilowatt-hora.

El propio Gómez Fierro dice entender que la intención de la reforma eléctrica del presidente López Obrador es fortalecer a la CFE en beneficio del interés nacional, pero esto no justifica contravenir la Constitución. Por su parte, el Presidente ha señalado que permitir el estado actual del sector energético sería guardar complicidad con el viejo régimen, la situación será revertida, de ser necesario, con una reforma constitucional.