La rendición de cuentas y sus problemas

Por Azul Etcheverry

En días recientes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer irregularidades por 67 mil mdp en la revisión de la Cuenta Pública 2019, que corresponden al gasto en desarrollo económico, transferencias estatales y municipales, desarrollo social y de gobierno. Algunas de las irregularidades que se detectaron fueron pagos duplicados, recursos no entregados a personas fallecidas, así como en obras como el Tren Maya, la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y el pago de 232 mil mdp por la cancelación de las obras del aeropuerto en Texcoco.

El presidente Andrés Manuel López Obrador desdijo lo expresado en el informe, acusando que tenía “otras cifras” y que era una estrategia más de desprestigio organizada por sus adversarios. Horas después, en un comunicado de la ASF, el organismo acusó deficiencias metodológicas internas, razón por la cual las cifras no empatan con las del Presidente, dando lugar a la especulación.

En principio, me parecen más que necesarias las labores que desempeña la ASF y en particular el informe que realizan en cuanto al manejo de recursos públicos federales y estatales, a partir de los cuales la población ha podido conocer, por ejemplo, inconsistencias que hay entre los montos que asigna el Congreso y lo que las dependencias gastan.

Por otra parte, también habría que señalar que, si bien éste resulta un ejercicio importante sobre los resultados de las actividades gubernamentales, es importante precisar también que existen diversos tipos de auditorías que se realizan dentro de este organismo y que las acusaciones que se hagan a partir de lo expuesto se tienen que hacer meticulosamente, en virtud de los procesos y tiempos señalados en la normatividad actual.

Sin embargo, existen algunas interrogantes respecto a los resultados que deben ser atendidas. Cuando se realizan los informes de resultados, la Auditoría tiene la obligación de notificar al ente auditado sobre los hallazgos, para que en caso de que hubiese información que pudiera complementar o corregir lo averiguado, pudiese ser entregada antes de concluir la investigación. Por qué la misma Auditoría menciona que hay errores en su metodología, cuando en su momento debió haber presentado los resultados preliminares antes de publicarlos.

Asimismo, a pesar de que el auditor titular dijo que se había recibido el apoyo de las autoridades de la Secretaría de la Función Pública brindándoles información, en el informe entregado los auditores documentan una negativa de acceso a ésta, suponiendo una simulación de los funcionarios de esa institución durante el desempeño de sus labores.

Aunque no pueda gustarle al Presidente y a sus seguidores, el hecho de que no se proporcione la información, como lo precisa la ASF, hace más evidentes los malos resultados, con lo que verdaderamente espero que los gobiernos puedan rectificar las formas en que manejan recursos e información. Más allá de la politización que se le pretenda atribuir al tema, al tratarse de dinero público pareciera que se olvida que todo este esfuerzo responde al derecho de la población de saber cómo se utiliza, y en caso de que no se haga correctamente, tener las herramientas para levantar su voz. Para seguir de cerca…