La Nueva Escuela Mexicana

Rubén Rocha Moya

Los días de las últimas dos semanas de septiembre 2019 fueron, en verdad, de lo más intensos, muchas veces acalorados, pero siempre con una productiva discusión sobre la necesidad de reorientar la política pública en materia educativa.

El transitar de las tres leyes secundarias de la nueva Reforma Educativa (Ley General de Educación, Ley relativa a la Mejora Continua de la Educación y Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, LGSCMM), por ambas cámaras del Congreso de la Unión, puso al descubierto de la opinión pública nacional las diversas miradas que los mexicanos mantenemos sobre el modelo educativo que el país requiere y reclama.

La recién aprobada Reforma Educativa se propone como prioridad alcanzar los máximos aprendizajes en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la búsqueda de su desarrollo integral. Se cierra así el círculo legislativo-constitucional con el que se instituye la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

También se reafirma que el derecho humano a la educación en México ya es universal. O sea, la educación inicial, la básica, medio-superior y superior serán impartidas por el Estado en forma obligatoria y gratuita.

Ahora bien, la Nueva Escuela Mexicana, que supone una matriz de valores con un nuevo enfoque escolar y un reforzado perfil del docente, se apoyará en un modelo pedagógico cuya razón de ser es la promoción de un aprendizaje científico con claro acento humanista y crítico. En sí, se trata de una educación inclusiva que postula la igualdad de oportunidades y la no discriminación entre las niñas, niños y jóvenes. Es un modelo educativo que enarbola la equidad, la defensa de los derechos humanos, el cuidado al medio ambiente, la excelencia y la mejora continua. Asimismo, la NEM, en su quehacer educativo diario, observará la perspectiva de género y promoverá el respeto irrestricto a la diversidad y la dignidad de las personas.

En ella, además de las matemáticas, la lectoescritura y las ciencias naturales, materias del tradicional mapa curricular, se dará gran relevancia al civismo, la historia, la filosofía, la música, la geografía, la salud, la formación física y la educación sexual y reproductiva. En el diseño de los planes de estudio cobrará gran importancia la realidad intercultural, las especificidades y características que distinguen al entorno regional.

De ahí lo dispuesto en la Ley del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, la cual comprende los procesos multifactoriales para la admisión de docentes, de que sean las autoridades educativas estatales, con la autorización de la SEP, las que emitan las convocatorias en las que se especifique el perfil de las maestras o los maestros que se requieren. El perfil del maestro para dar clases en Sinaloa será distinto al de Oaxaca. En la Mixteca, por ejemplo, el maestro deberá hablar perfectamente la lengua originaria para que interactúe con sus educandos y con la comunidad en su idioma materno, lo mismo en la Tarahumara que en la zona Maya, y demás.

No hay lugar, pues, a la designación automática de plazas de docentes. Ciertamente, en esta misma ley se establece que se dará prioridad a los egresados de las normales públicas, de la UPN y de los Centros de Actualización del Magisterios (CAM), lo cual obedece a varias razones que quizá podamos desarrollar más ampliamente en otra colaboración. Por ahora, valga decir que es lógico que el Estado dé prioridad a los egresados que formó con recursos públicos, los que, por cierto, dan mayor garantía de una educación laica, más aún, debemos acudir a la tradición normalista en México, que viene desde el siglo XIX formando a nuestros mentores.

Con todo, no obstante, estos egresados no estarán exentos de someterse a un procedimiento de selección. En fin, ya abundaremos.