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IVA, origen y evolución

Opinión del experto nacional

Opinión del experto nacional

Por Fadlala Akabani

Hablemos de impuestos, como su propio nombre lo indica, se tratan de contribuciones impuestas a los ciudadanos para que, mediante un aparato burocrático, sean garantizadas las condiciones para la existencia de Estado en un territorio.

Más allá de ser la principal fuente de recursos para el funcionamiento de cualquier Estado, los impuestos tienen repercusiones en toda la economía y en términos de política pública, la redistribución del ingreso resulta una de sus funciones más sustantivas, precisamente, por dar oportunidad de atender a grupos tradicionalmente marginados del desarrollo.

De acuerdo con el documento Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2020, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en México, el promedio de ingresos tributarios como porcentaje del PIB (16.1%) se encuentra por debajo del promedio latinoamericano (23.1%) y es significativamente inferior al promedio de los países miembros de la OCDE (34.3%), un organismo que aglutina 37 de las economías más dinámicas a nivel global y del que nuestro país es miembro desde 1994.

Los impuestos pueden ser directos o indirectos, por los primeros, podemos entender que son aquellos impuestos que gravan el patrimonio, capital o ingreso, existe una afectación directa; los impuestos indirectos, en cambio, son impuestos sobre el consumo, gravando un producto o servicio sin importar la capacidad de pago del ciudadano, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En diciembre de 1978, justo a mitad del sexenio de José López Portillo (1976-1982), fue expedida por un Decreto del Congreso la Ley del Impuesto al Valor Agregado. La creación y aprobación de este nuevo impuesto se dio en un contexto de crisis económica, llevó al gobierno a recurrir al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que en ese sexenio, además de imponer el IVA, recomendó medidas de austeridad, restricción del gasto público y tope salarial a los trabajadores, reprimiendo a los inconformes.

Cuando entró en vigor (1980), la tasa de IVA fue establecida en 10% y, por razones de competitividad frente a la economía estadunidense, en la franja fronteriza norte fue del 6 por ciento. Para 1983, la tasa general fue elevada hasta el 15%, lo que produjo un incremento de un punto porcentual en la recaudación con respecto al PIB, que pasó de 2.08% a 3.05% tras el primer año.

En búsqueda de la legitimidad que las urnas no le habían entregado, con una operación político-electoral inédita (al margen del PRI), bajo el amparo del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari bajó la tasa del IVA al 10% en 1991 haciendo un uso político de la recaudación. Para 1995, en la LVI legislatura de la Cámara de Diputados, la última mayoría del PRI (300 diputados) revirtió nuevamente la tasa del 10 al 15%.

Contrario al discurso desarrollista que cínicamente mantiene hasta la fecha, Felipe Calderón aprovechó la epidemia por Influenza AH1N1 no sólo para contratar más deuda (3 billones 367 mil millones de pesos de 2006 a 2012), también para aumentar impuestos, pues en 2009 presentó al Congreso un paquete fiscal que pretendía elevar la tasa general del IVA al 17%, incluidos alimentos y medicinas, que, sin embargo, fue rechazado por el pleno de la Cámara de Diputados, para después de la negociación entre partidos, aprobar un incremento al IVA de un punto porcentual en ambas modalidades de su aplicación, es decir, 16% en su tasa general y 11% en la frontera norte. Asimismo, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) también fue incrementado, pasando del 28 al 30%, dejando claro que la supuesta prudencia en el gasto y crecimiento de la competitividad sólo fueron promesas incumplidas.

Si bien la recaudación del IVA había venido creciendo desde 2009, pasando de 3.4% en 2009 a 3.9% del PIB en 2014, ese mismo año, la administración de Peña Nieto (2012-2018) ejecutó un golpe más a la economía nacional, incluyendo en la reforma hacendaria la homologación del IVA y el ISR en la franja fronteriza; dicha acción provocó pérdida de competitividad, fuga de consumidores a EU, inflación regional y reducción del poder adquisitivo de los más pobres, sin que ello incrementara el porcentaje de recaudación del IVA con respecto al PIB, cuyo valor decreció en 2017 a 3.7 por ciento.

En la presente administración (2018-2024), el jefe del Ejecutivo firmó un decreto para revertir esta circunstancia en la Zona Libre de la Frontera Norte. En la franja fronteriza el IVA es de 8%, el ISR del 20% y un aumento al salario mínimo por encima de la media nacional; recientemente ha sido anunciada la prórroga de estas medidas hasta el 2024.

Respecto a la política fiscal, la élite política conservadora ha mantenido el dogma de que se trata de un tema complejísimo, sólo al alcance de los doctos, pero como dice la célebre frase “se puede engañar a algunos, algún tiempo; pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo”.

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