Elecciones en la “nueva normalidad”

Por Jaime Rivera Velázquez

La emergencia sanitaria, ocasionada por el virus SARS-CoV-2, ha alterado todas las esferas de la vida social y no se prevé que esas condiciones cambien pronto. Por ello, antes que promover la inacción hasta que contemos con una vacuna confiable, la Organización Mundial de la Salud ha insistido en que tendremos que adaptarnos a nuevas condiciones de convivencia, a una “nueva normalidad". El concepto no supone la parálisis, sino la modificación de prácticas sociales y protocolos sanitarios para detener la propagación del virus.

El gobierno federal ha recomendado medidas de protección de la salud a fin de disminuir contagios, como el distanciamiento social, la suspensión de actividades escolares y la restricción de diversas actividades gubernamentales y económicas. Pero en ningún momento ha dictado medidas coercitivas para impedir la circulación de la gente en las vías públicas.

A lo largo de cinco meses de presencia activa de la epidemia de covid-19, no se ha impuesto un confinamiento total; ni siquiera el uso obligatorio de medios de protección elementales como el cubrebocas. De hecho, el gobierno y las autoridades sanitarias ordenaron la continuidad de ciertas actividades esenciales. Y desde el 1 de junio, la Secretaría de Salud declaró el fin de la “Jornada de Sana Distancia”, anunció el inicio de la etapa de “nueva normalidad” en el país y autorizó la reanudación de muchas actividades económicas, aunque bajo ciertas reglas sanitarias. Inclusive, el propio gobierno reanudó actividades políticas en espacios públicos.

El Instituto Nacional Electoral ha atendido las indicaciones y orientaciones de las autoridades sanitarias, al tiempo que adoptó, desde un principio, medidas propias de protección de la salud de su personal y de la ciudadanía a la que brinda sus servicios. Así, por ejemplo, suspendió temporalmente el servicio de los Módulos de Atención Ciudadana para tramitar y emitir credenciales y ordenó a su personal realizar, en lo posible, sus trabajos desde casa. Inclusive, el Consejo General y otros órganos del Instituto Nacional Electoral han sesionado con regularidad, pero a distancia, utilizando tecnologías de información y comunicación digitales.

Pero la “nueva normalidad” bajo la pandemia no tiene por qué conllevar la interrupción de los derechos políticos. De tal manera que el INE ya decidió reanudar algunas actividades esenciales; por ejemplo, acordó una estrategia gradual para reabrir los Módulos de Atención Ciudadana, la dictaminación de la constitución de nuevos partidos políticos nacionales y la reanudación de los Procesos Electorales Locales en Coahuila e Hidalgo.

La lógica que subyace a esas decisiones es que los derechos políticos tienen que ser garantizados de la misma forma en la que deben serlo los derechos a la salud. No se trata de optar por unos y sacrificar los otros, sino de conciliarlos.

Siguiendo esa premisa, el INE está actuando con un alto sentido de responsabilidad, bajo la guía de científicos expertos en salud pública y en epidemiología. El pasado 1 de julio se instaló el Grupo Consultivo en Salud que, con carácter honorífico, revisa, valida y corrige las estrategias que presenten las diferentes áreas del Instituto para reanudar sus actividades.

Hasta el momento, el grupo ha validado protocolos que se pondrán en marcha en los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo y que tienen que ver con la actuación de los supervisores y capacitadores asistentes electorales y la operación de las casillas, entre otras actividades.

Llegado el momento de la jornada electoral —prevista para el 18 de octubre—, las casillas se instalarán con protocolos y medidas de protección para los funcionarios de Mesa Directiva (caretas, cubrebocas, material desinfectante) y para la ciudadanía. Sólo se permitirá el ingreso a votantes con cubrebocas y se guardará la sana distancia, además de aplicarse medidas continuas de sanitización.

Es falso el dilema que contrapone la garantía de los derechos políticos al derecho a la salud. Unos y otro son necesarios para el desarrollo civilizado de la vida social, y pueden conciliarse siguiendo la guía de los expertos, con protocolos pertinentes y alentando la responsabilidad social. La “nueva normalidad” tiene que ser democrática.