El inicio del fin de la opacidad judicial

En un país que aspira a una verdadera rendición de cuentas por parte del poder público, resultaría impensable que la ley permitiera ocultar lo que nuestros gobernantes —el poder Ejecutivo— hacen con el dinero que administran. Sería absurdo imaginar una norma que indique que no todas las leyes que emanan de los congresos —el poder Legislativo— deben publicarse en periódicos oficiales.

Sin embargo, hasta hace muy poco, los tribunales del país —el poder Judicial— no se encontraban obligados a hacer pública la totalidad de las sentencias emitidas. Sí, la legislación permitía, o por lo menos así lo consideraba el Sistema Nacional de Transparencia, que cada juez decidiera discrecionalmente qué fallos eran de “interés público” y dignos de someterse al escrutinio ciudadano.

En 2018, desde el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, la organización Equis Justicia para las Mujeres, y otras asociaciones con las que se conformó el colectivo #LoJustoEsQueSepas, tomamos la decisión de abordar este problema a través del litigio estratégico y utilizamos como ejemplo al poder Judicial de la entidad —en la que la transparencia en sentencias era del cero por ciento— Zacatecas. Demandamos, por la vía de amparo, a los 47 órganos jurisdiccionales que entonces conformaban el Tribunal Superior de Justicia del estado. El objetivo principal no era transparentar las sentencias de Zacatecas, sino trazar una ruta que nos condujera hasta la Suprema Corte de Justicia para que ésta se pronunciara acerca de si era válido considerar que ciertas resoluciones judiciales deben ocultarse.

Por supuesto, nuestra argumentación indicaba que todos y cada uno de los fallos son de interés público porque la forma en la que se imparte justicia debe ponerse a disposición de todas y de todos.

Los jueces rinden cuentas a través de sus sentencias y no debemos permitir que la opacidad en los fallos sirva como antesala para cometer actos de corrupción o carecer del debido rigor técnico jurídico.

Después de casi tres años, el pasado 3 de febrero, una mayoría de cuatro ministros, integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, decidieron darle la razón a nuestra causa y declararon que, efectivamente, todas las sentencias de los tribunales del país deben ponerse a disposición de la sociedad por constituir información de interés público. Cualquier norma que se oponga a este criterio debe ser considerada contraria a la Constitución.

Estamos ante el inicio del fin de la opacidad porque falta hacer cumplir con este criterio a todos los congresos estatales para que generen reformas en materia de transparencia claras y contundentes. También falta hacer cumplir a los poderes judiciales de las entidades federativas para que pongan a disposición de México la totalidad de sus sentencias.

Así, a través de nuevos juicios de amparo de ser necesario, seguiremos impulsando que la norma se convierta en una realidad y que, más pronto que tarde, cualquier estudiante, periodista o profesional del derecho tenga acceso a cualquier fallo emitido en México con un sólo clic.

                *Director Jurídico de Mexicanos
                contra la Corrupción y la Impunidad