Control del Infonavit… control del dinero de los trabajadores

Por Juvenal Lobato

Con el pretexto de reglamentar la reforma constitucional al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), publicada el pasado 2 de diciembre de 2024, que autoriza al Instituto a “volver” a construir y dar en “arrendamiento social” vivienda, se acaban los contrapesos orgánicos diseñados desde 1972 (cuando se creó el instituto). Estos contrapesos existen por una razón: el dinero que administra el Infonavit no es público ni “del gobierno”, es de los trabajadores del sector privado mexicano. De ahí que se justifique la supervisión tripartita de los sectores involucrados.

Con la reforma, ya no habrá un tripartismo paritario efectivo (sí numérico, pero no en la práctica). Se otorga un derecho de veto al director general cuando las decisiones de los órganos colegiados más importantes —Consejo de Administración y Comisión de Vigilancia— se tomen por mayoría. Además, las sesiones de dichos órganos colegiados serán presididas por el director general (ya no de manera rotativa, alternando entre los sectores laboral y empresarial), y la periodicidad de su celebración ya no será mensual, sino trimestral. Ni qué decir sobre la designación del propio director general, que ya no será aprobada por la Asamblea del instituto, sino que quedará como una designación directa del titular del Poder Ejecutivo federal.

La Asamblea General del instituto pasará de ser un órgano deliberativo, en el que la capacidad del director y su equipo para negociar y lograr acuerdos era clave, a convertirse en una instancia de decisiones unilaterales, verticales y unipersonales. En la práctica, se transformará en una “oficialía de partes” del gobierno, reduciendo el papel de los sectores laboral y patronal.

Darle una función “auxiliar” a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a diferencia del rol de supervisión que hoy ejerce, implica disminuir su capacidad de regulación y control sobre la institución crediticia más importante de América Latina. Esta importancia radica en que Infonavit otorga créditos a personas que no tendrían acceso a financiamiento en instituciones privadas. La nueva función de la CNBV será meramente cosmética, en detrimento de los trabajadores más jóvenes.

Finalmente, en cuanto a la empresa filial constructora, ésta no estará sujeta a ningún control, a pesar de que manejará recursos de los trabajadores. Se constituirá como un ente “no paraestatal” bajo la “legislación mercantil”, sin supervisión efectiva por parte de los verdaderos dueños del dinero con el que operará: los trabajadores de México. En la práctica, será una nueva “megatlapalería” que concentrará la compra de materiales.

En cuanto al “arrendamiento social”, se desconoce la diferencia entre dos instituciones básicas: el “arrendamiento liso y llano” y el “arrendamiento financiero”. Se plantea utilizar los recursos de la subcuenta de Vivienda como pago de renta y, al mismo tiempo, como adelanto de una compra, lo que genera confusión en su aplicación.

La regulación actual del Infonavit, y con ella la participación de los sectores laboral y empresarial, se justifica en la medida en que el gobierno sólo es una parte en la administración de los recursos, que son aportados por los empleadores en beneficio de sus trabajadores. Es decir, no se trata de recursos públicos provenientes del gobierno. Pretender asimilar al Infonavit con el IMSS en su estructura y funcionamiento implica desconocer su origen y esencia.

No es un tema de “eficiencia” en la administración del instituto, sino de una intentona por establecer un control unipersonal, lineal y vertical por parte del gobierno sobre una institución social que ha demostrado que funciona. Si bien siempre hay áreas de mejora, la solución no es la que se plantea en esta reforma.

Si hay casos de corrupción, hay que señalarlos, denunciarlos, perseguirlos y castigarlos. Pero ése no puede ser el pretexto para imponer un control discrecional sobre el Instituto y los recursos que administra, que, vale reiterar, son de los trabajadores de México.