A dos años de la Cuarta Transformación

Por Azul Etcheverry

Esta semana se cumplieron dos años desde el inicio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como sabemos, a través de su proyecto busca hacer una transición a una nueva realidad de la vida pública nacional al nivel de la Independencia de México, la Guerra de Reforma y la Revolución Mexicana. La proclamada “cuarta transformación” en la que se enarbola el ideario político del Presidente llegó en un momento coyuntural en el que la población del país se encuentra en una situación de hartazgo generalizado y la clase política no pudo hacerle frente al golpe antisistema que representa el movimiento del Presidente.

Han sido dos años muy intensos, a partir de los cuales se dio un cambio radical tanto en el estilo de hacer política, así como de las prioridades que ocupan los intereses en el Ejecutivo nacional. Dos años en los que hemos visto cómo un proyecto idealista de izquierda intenta adaptarse a las particularidades de un sistema político, económico y social tan complejo y disonante como lo es el mexicano.

Desde sus discursos de victoria y aceptación, se vaticinaba un “cambio sin ruptura”, no obstante, el mensaje ahora es el de disrupción con el modelo económico anterior. Esto ha representado un problema, ya que no se ha conseguido concretar una relación abierta ni respetuosa con el sector productivo-empresarial, a pesar del reconocimiento que se tiene de su importancia para la generación de empleos formales e inversión directa. Por otra parte, hoy ese sentimiento de esperanza, con el que más de 30 millones de electores definieron el rumbo político de todos, derivó en inquietud e incertidumbre. La toma de decisiones loables, como la política de ahorro y austeridad gubernamental, si bien son necesarias, se tornaron en una decisión que ya pone en serios problemas la operatividad interna de varios sectores del gobierno y compromete, incluso, su existencia.

La realidad es que estas medidas económicas de ahorro y recaudación están destinadas a nutrir los programas sociales asistencialistas y aquéllos que se piensan prioritarios del gobierno actual. Se han utilizado cientos de millones de pesos en proyectos polémicos como la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, un tren turístico en el sureste o la rifa del avión presidencial, sin que ello necesariamente esté enfocado en resolver problemas de fondo como el acceso a más empleos o servicios educativos y de salud dignos.

Sin embargo, la llegada del nuevo coronavirus ha representado el mayor reto sanitario y económico de los últimos tiempos, a pesar de que desde su llegada a México se ha minimizado sistemáticamente su impacto y consecuencias. Junto con la violencia e inseguridad, el manejo de la pandemia se convirtió en uno de los grandes temas pendientes en la agenda pública del país. El gobierno de López Obrador no ha conseguido atender las profundas carencias sociales y sanitarias que necesitan atención urgente.

Hoy en día, el gobierno de la Cuarta Transformación suma más de 66 mil homicidios dolosos y más de 108 mil sensibles fallecimientos por covid-19, para los cuales, desafortunadamente, no se tiene una respuesta. El ser mexicano se convirtió en una actividad de alto riesgo y más si no se cuenta con recursos económicos. Esa promesa de atender “primero a los pobres” se diluye cada vez más cuando nos enteramos de decisiones como la de inundar poblados indígenas en Tabasco para priorizar a los habitantes de la capital del estado.

El Presidente supo interpretar y comunicar a la población las grandes carencias y necesidades de nuestro país, pero no así ha sabido darles solución a estos grandes pendientes. Hasta hoy su labor no ha sido calificada por los resultados obtenidos o por las consecuencias de sus acciones, sino que permanece como un personaje con el que millones de personas se siguen identificando sólo en lo emotivo. La realidad superó hace mucho al mito y es momento de replantear las estrategias que nos permitan perfilarnos hacia los resultados que tanto se prometieron en campaña y no sólo en otro proceso de transición de seis años.