El escuchar planteamientos oficiales sobre la instrumentación de políticas de mejora educativa siempre será una buena noticia, más cuando se trata de nuestro país. Esta semana, el gobierno federal desplegó una consulta en los diversos planteles educativos orientada a recabar datos y opiniones sobre el uso de los teléfonos celulares en las aulas. Su finalidad: expedir los lineamientos correspondientes que normarán a maestros, alumnos, padres de familia y directivos.
No es un tema del que exista poca o nula información, por el contrario, la evidencia estadística obliga a dar una atención integral y homogénea a esta problemática. En la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, los resultados obtenidos por el Inegi arrojan que más de 80% de la población infantil y juvenil en México utiliza teléfonos, uso que se privilegia sobre otras herramientas informáticas, más costosas y de menor accesibilidad, como las tabletas o laptop, problemática que se agrava ante las carencias de infraestructura y conectividad en las escuelas.
La UNESCO, por su parte, ha hecho un llamado para que los países emitan regulaciones restrictivas en el uso de teléfonos inteligentes. El argumento se centra en la protección del rendimiento académico y la protección de la salud. Más de la mitad de los sistemas educativos en el mundo ya han instrumentado algún tipo de medida restrictiva.
El debate sobre el uso de este tipo de tecnología en las aulas es multidimensional, no sólo educativo, transita por los ámbitos de la salud y la tutela de los derechos humanos. En el primero de los casos, se han observado principalmente cuatro sintomatologías: a) Alteraciones neurológicas y del descanso. b) Afectaciones a la salud mental y la neurobiología conductual. c) Problemas ergonómicos y fisiológicos. d) Sedentarismo y alteraciones metabólicas.
En el segundo de los supuestos, la discusión se centra en la ponderación de los derechos fundamentales que confluyen en el mismo tiempo y espacio: salud, educación y libre desarrollo de la personalidad. Se sostiene que restringir el uso de estos dispositivos puede afectar la capacidad en tiempo real del estudiante para buscar, recibir y difundir información, que el Estado debe propiciar el ambiente idóneo para el desarrollo educativo y que la prioridad en las aulas es la protección de la condición emocional y de salud.
La forma en que se ha enfrentado esta problemática en otros países es la utilización de una metodología desarrollada por el derecho constitucional, consistente en la aplicación del llamado test de proporcionalidad, en el que se evalúa el fin que se persigue, así como la idoneidad y la necesidad de la medida, reconociendo el principio de progresividad de los derechos de los menores de acuerdo con su edad y madurez.
El consenso internacional se ha decantado por la restricción del uso de celulares, siempre y cuando estas limitaciones estén acompañadas de una adecuada proporcionalidad de la medida y sean transparentes en su implementación. Lo que se traduce, en reglas claras, con contenidos que privilegien la no discriminación, la no punibilidad y la protección de la salud, teniendo como eje conductor el acceso a la educación.
El reto no es menor, en ello deberán trabajar autoridades, profesores, estudiantes y padres de familia. Es una realidad que ya nos alcanzó. Se debe enfrentar.