En tiempos en que la presunta colusión entre figuras públicas y organizaciones del crimen organizado ocupa buena parte de la discusión nacional, llama la atención la escasa relevancia que recibió un importante anuncio realizado en la conferencia presidencial de este viernes 28 de agosto.
Podría atribuirse al día elegido para hacerlo público o al agotamiento informativo después de semanas dominadas por el caso Sinaloa. Pero también cabe preguntarse si hubo una omisión deliberada, pues lo informado rompe de frente con la narrativa que la oposición política y mediática ha intentado instalar alrededor de la Cuarta Transformación.
Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que el Estado mexicano logró recuperar 5.8 millones de dólares vinculados con la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, como resultado de litigios promovidos en tribunales de Florida.
Hablamos de más de 100 millones de pesos que ya ingresaron a la Tesorería de la Federación y que, por decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, serán destinados al fortalecimiento de la infraestructura educativa en La Montaña de Guerrero, una de las regiones con mayores carencias del país.
Conviene entender de dónde salieron esos recursos. Las autoridades identificaron un esquema mediante el cual el sistema penitenciario federal celebró 30 contratos, entre 2008 y 2018, principalmente para servicios de seguridad y tecnología, con empresas relacionadas con García Luna y sus socios. Las operaciones alcanzaron alrededor de 404 millones de dólares mediante contratos con precios inflados, además de movimientos financieros a través de sociedades ficticias y cuentas en el extranjero.
Los 5.8 millones recuperados hasta ahora provienen de una póliza de fianza y de la liquidación de doce propiedades en Florida. Representan apenas una fracción de una trama financiera mucho más amplia sobre la que todavía queda mucho de dónde tirar. Por eso cuesta entender que el asunto no haya provocado grandes portadas ni discusiones encendidas en las principales mesas de radio y televisión. ¿No era la “narcopolítica”, hasta hace unas horas, el tema predilecto de la conversación nacional? ¿Existe un ejemplo más contundente de connivencia entre poder público y delincuencia que el de quien alcanzó la cúspide de la seguridad nacional y terminó condenado en Estados Unidos por narcotráfico?
No se trata, como argumenta siempre la oposición, especialmente el panismo, de utilizar a García Luna como comodín para evadir cualquier señalamiento presente. Si existen elementos contra servidores públicos de cualquier partido, que se investiguen y, en su caso, se sancionen. Pero ese mismo rigor debería servir para reconocer uno de los episodios más graves de infiltración criminal en el Estado mexicano.
Hay, además, un simbolismo imposible de ignorar. Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, recursos públicos terminaron alimentando redes de corrupción y enriquecimiento construidas al amparo del poder. Hoy, parte de lo recuperado servirá para financiar escuelas en una de las regiones más necesitadas del país.
Ahí se resume buena parte de la diferencia entre ambos proyectos. La administración de Claudia Sheinbaum ha dado continuidad a una política social de gran alcance y a la atención de las causas profundas de la desigualdad, mientras su gabinete de seguridad ha conseguido avances que ya hemos documentado en estas páginas y que, por más que algunos intenten minimizar, son imposibles de negar.
Quizá por eso la noticia recibió tan poca atención. Porque hablar de “narcopolítica” parece mucho más atractivo cuando sirve para construir sospechas no probadas sobre el presente que cuando obliga a mirar de frente hechos juzgados, sentencias firmes y recursos que finalmente regresan al pueblo de México.