Los candidatos del narco
El asesinato de Murrieta genera incertidumbre.

Miguel Ángel Godínez García
Alto mando
Hace años que el narcotráfico en México ha permeado ámbitos relevantes por el poder económico y político de nuestra sociedad. No es la excepción que frente al proceso electoral más grande e importante del país, su influencia dé como resultado el incremento histórico del delito de violencia política en los comicios que están por ocurrir.
No es para menos cuando se ha colaborado desde todos los frentes políticos a generar un ambiente polarizado, violento y desacreditador, desde Palacio Nacional, hasta cualquier recóndito municipio de cada estado.
La elección de más de 21 mil cargos y 15 gubernaturas en disputa ha provocado que la selección de candidatos en todos los partidos se dé en un ambiente beligerante y de poco control en el perfil de quien se propone o se designa como candidato. Sin embargo, el tema de los relacionados con el narcotráfico escala cualquier inconveniencia en los antecedentes de candidatos por lo que implica llegar a ser autoridad.
Más allá de los problemas que obstaculizan el desarrollo de nuestro país, es inimaginable tener como autoridad a narcotraficantes con capacidad de tomar decisiones, hacer uso del recurso de la gente y controlar la seguridad de territorios bajo el yugo delincuencial.
Desde septiembre pasado en que inició el proceso electoral ha habido 149 incidentes políticos, de los cuales 143 han sido asesinados y 26 de estos aspirantes a elección popular, sin embargo, las amenazas cumplidas y las aún no cumplidas han revelado el interés de grupos criminales por poner en sitios estratégicos a los suyos.
El asesinato de Abel Murrieta, exprocurador de Justicia de Sonora, abogado de la familia LeBarón y candidato de MC al municipio de Cajeme a días de la elección, genera un estado de incertidumbre en un sitio bajo el control de cárteles e irónicamente, resultado de la ineptitud del ahora candidato a la gubernatura del mismo estado Alfonso Durazo, quien en su lamentable paso por la SSPC, no sólo fue incapaz de resolver el caso LeBarón, sino que su insensible intervención y su incapacidad para dar seguridad a su estado, generó el reclamo de todo el país por el crimen más atroz de nuestra historia.
Llama la atención que él pueda desplazarse con tranquilidad en un estado en donde la población no lo ve con los mismos ojos con los que lo ven los delincuentes. Asimismo, Zudikey Rodríguez, candidata a la presidencia municipal de Valle de Bravo en el Estado de México, quien fue levantada, amenazada y liberada para sacarla de la contienda y abrirle el camino descaradamente al candidato de Morena relacionado con narcotraficantes.
Por otro lado y. a nada de las elecciones. el desafuero del gobernador de Tamaulipas Cabeza de Vaca por el Congreso federal le permitió a la FGR girar órdenes de aprehensión en contra del panista. El amparo de un juez ante el desafuero federal se extralimita cuando legalmente se conoce que la decisión está por encima del Congreso local, por lo que en la detención podría solicitarse, incluso, la intervención del Ejército mexicano de acuerdo con la Constitución.
Es impensable, que la policía estatal y ministerial, pudieran verse en la necesidad de intervenir para defender al gobernador frente a la confusión legal que se ocasiona.
DE IMAGINARIA
Lamentablemente en esta semana vuelven a perder la vida dos elementos del Ejército mexicano en una emboscada perpetrada por la Familia Michoacana, grupo delincuencial que se creía extinto o controlado por otros cárteles.