Cienfuegos merece ser extraditado

Como una verdadera tragedia para México califica los hechos relacionados con la detención del general Cienfuegos el distinguido abogado y catedrático Juan Velásquez. Conocedor de las leyes civiles y militares, define como un atentado contra la diplomacia y soberanía de nuestro país la actuación del gobierno de los Estados Unidos en el caso Cienfuegos.

Son tan obvias las razones de sus acusaciones que se desmienten por sí solas. La participación de un funcionario del nivel de un secretario de la Defensa con un delincuente apenas conocido y abatido por las FA al igual que su hermano cuando se supone que el mando más alto del Ejército lo protegía. Si un funcionario como Cienfuegos decidiera colaborar con el narcotráfico lo haría por cantidades que representaran para él y para su familia inimaginables fortunas por el alcance que su participación generaría. Bastaría que la UIF realizara una investigación profunda de los bienes y cuentas del general, incluso de su familia, para convencerse que 16 millones de pesos son un patrimonio razonable para las funciones que a lo largo de 50 años de servicio tuvo bajo su responsabilidad, que comparados con los ingresos obtenidos en tan pocos años de la Secretaría de la Función Pública y su consorte suenan risorios.

Por otro lado, es absurdo que se encargara a través de un teléfono BlackBerry de operaciones tan delicadas y de ostentar un apodo como El Padrino. Salvador Cienfuegos ha logrado levantar las voces más reconocidas del país que aseguran su inocencia y califican los hechos como un atentado contra México, más allá de lo que implica para su familia, sin dejar de reconocer que esta injusticia representa para ella el inicio de un verdadero infierno. El gobierno de México no sólo tiene la facultad de solicitar la extradición del general, cuenta, además, con argumentos legales para obtenerla y exigir que sea juzgado en el lugar donde supuestamente se cometieron los delitos y si después de una exhaustiva investigación resultara culpable, que se aplique el peso de la ley militar que corresponde.

En definitiva, la relación de colaboración entre la DEA y el Estado mexicano ha sido fracturada por la falta de colaboración con las autoridades mexicanas en investigaciones que se realizan en nuestro territorio. Para el Ejército mexicano la extradición fortalecería la moral de la institución y para el gobierno de la República, la defensa de la soberanía de nuestro país. El general ha sido trasladado a la corte de Nueva York en donde se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan y estará representado por el prestigiado abogado Edward Sapone. El gobierno de México le debe al general todo el esfuerzo posible para su defensa, merece que todas las pruebas que se presenten en su contra estén debidamente demostradas para no permitir que sea objeto de la arbitrariedad en las leyes de un país que no es el suyo ni dejar como precedente que cualquier funcionario sea detenido en un viaje de placer junto a sus seres queridos con la mayor indefensión.

•  DE IMAGINARIA

Para sorpresa de todos, la designación de Rosa Icela Rodríguez en la SSPC ha sido completamente inesperada, más aún cuando la funcionaria se encuentra enferma por covid-19. Su mejor carta de recomendación es su desempeño al lado de Marcelo Ebrard como coordinadora general del Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública. Llama la atención que el secretario saliente y ella compartan cuando menos su experiencia en Comunicación Social, sin embargo, de acuerdo con su trayectoria y después del paso por esta secretaría de un funcionario tibio sin autoridad, podría ser nombrada la Dama de Hierro de la 4T.