Ante el cúmulo de denuncias por presunta corrupción en el Poder Judicial, hace apenas unos días el embajador estadunidense en México, Ronald Johnson, puntualizó que la falta de transparencia desincentiva la inversión, tanto extranjera como nacional. Esta afirmación nace, justamente, frente a hechos de corrupción y tráfico de influencias. Baste recordar que se ha señalado reiteradamente a la ministra Loretta Ortiz Ahlf de favorecer a la Cooperativa La Cruz Azul y, en concreto, a quien ella misma ha reconocido como su amigo, Víctor Manuel Velázquez Rangel, quien enfrenta denuncias judiciales y penales.
Cabe recordar que la hija del directivo azul, Renata Velázquez, forma parte del equipo técnico-operativo de la ponencia de la ministra Ortiz, quien a su vez ha buscado atraer los juicios de la cooperativa para avalarlos, como ocurrió en la sesión más reciente: el lunes de la semana pasada.
De todos es conocido que la ministra llegó a esa posición gracias al apoyo de Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de López Obrador. Hoy, Scherer es señalado por los cooperativistas como el “operador” de la toma de Cruz Azul. A ello se suma su distanciamiento con la presidencia actual y con la anterior, derivado de sus expresiones de corrupción en contra del vocero presidencial Jesús Ramírez.
Conviene precisar el contexto: Scherer Ibarra ha estado involucrado en diversos escándalos de extorsión vinculados al asunto de la Cooperativa La Cruz Azul, en el que se han documentado señalamientos públicos y denuncias formales en su contra. En ese marco, resulta particularmente preocupante que la ministra Loretta Ortiz pareciera facilitar la continuidad de “las encomiendas” de Scherer desde la propia Suprema Corte, lo que configuraría uso indebido del cargo en beneficio de intereses ajenos a la función jurisdiccional.
En fin, este tema dará mucho de qué hablar, ya que recordemos que la Cooperativa La Cruz Azul, que llegó a ser la primera organización de su tipo en América Latina y la segunda cementera más grande del país, ha caído a la última posición, dejando a más de 15 mil familias sin su fuente laboral.
INE INCLUYENTE
Más allá de las acciones afirmativas, lo que ha marcado un avance real en inclusión es la decisión de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, de abrir espacios en la Junta General Ejecutiva a profesionistas que se identifican como parte de la comunidad LGBTTTIQ+ desde su llegada al Instituto Nacional Electoral. Ello refleja un compromiso real con la diversidad, la no discriminación y la paridad sustantiva, más allá de los mínimos legales. Representa un hito al materializar la participación efectiva de la diversidad sexual en posiciones clave de responsabilidad electoral. Estos logros son posibles gracias a la sensibilidad, el compromiso y la visión incluyente de Taddei Zavala, quien ha impulsado una gestión que prioriza los derechos humanos y la pluralidad de una democracia verdaderamente representativa y equitativa. El INE, bajo su liderazgo, consolida así un avance irreversible en materia de inclusión y equidad, fortaleciendo la legitimidad y la confianza en las instituciones electorales del país.
DENUNCIA EN NAYARIT
Nos informan que el caso de Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, llegará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, lo que lo eleva a nivel nacional. El activista Pepe Ávila denunció amenazas, vigilancia e intimidación, además de una carpeta de investigación en su contra que le fue comunicada por el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, lo que coloca al presidente municipal en el centro del conflicto. Su actuación es el principal punto de crítica por la falta de una postura clara y la ausencia de acciones para garantizar la integridad del activista. Nos dicen que en lugar de contener la tensión, ha contribuido a incrementarla. Con la intervención del Congreso se revisará si el gobierno municipal ha sido omiso o si su actuación ha agravado el conflicto.