La incertidumbre crónica

Tras conocerse los resultados de la última encuesta de los estudiosos de la economía que realiza mensualmente el Banco de México, surge nuevamente un elemento que cada vez incide más en el bajo crecimiento que ha tenido el país en los últimos tiempos, más allá de la inseguridad pública: la incertidumbre del entorno mundial en materia, principalmente, de geopolítica y comercio.

Ello demuestra que las condiciones de aquel túnel en el que el mundo entró para la segunda década de este siglo, sumado a las consecuencias de la pandemia sanitaria, en nada se han modificado. Aún más, han derivado en una radicalización de la convivencia política y social desde los principales gobiernos que hoy ejercen el poder en varias regiones del planeta.

La falta de claridad en el rumbo internacional se ha agudizado, principalmente, en aquellos países en los que los gobiernos autoritarios se han consolidado, producto del hartazgo social ante la pérdida de rumbo y la multiplicación de los problemas económicos para las mayorías, combustible efectivo para el surgimiento de regímenes dictatoriales que aluden al nacionalismo para instalarse como modelos de “control” político.

Además de la pandemia de hace cinco años, de la inseguridad, el desempleo y la falta de oportunidades, las sociedades modernas sufren también el acoso permanente a los órganos que algún día significaron contrapesos al ejercicio del poder, incluyendo a la libertad de expresión la cual ha sido menoscabada en sus derechos fundamentales.

El caso mexicano es significativo: el marco jurídico del derecho a informarse, expresarse y difundir las ideas por cualquier medio está fundado en los artículos sexto y séptimo de la Constitución. En particular, el artículo sexto constitucional vigente se mantuvo prácticamente sin cambios durante 90 años, con las siguientes excepciones: la importante reforma política de 1977, por medio de la cual se añadió el derecho a la información, mismo que fue garantizado por el Estado con la reforma, 30 años más tarde, con la que se incorporaron los principios y bases en los que se fincaría la información gubernamental, y la reforma del 13 de noviembre de 2007, la cual consagró el Derecho de Réplica.

Se trata del artículo constitucional que garantiza la libertad de expresión en favor de los mandantes, es decir, de la población, no del gobernante, y cuyo ejercicio exige la observancia de la libertad de imprenta (artículo séptimo constitucional), la libertad de cátedra e investigación (artículo tercero) y —por supuesto— la libertad religiosa (artículo 24). En la libertad de expresión se conjugan varios derechos: la libertad de imprenta, la libertad de opinar, la libertad de analizar y la libertad de informar.

La violación de la libertad de expresión afecta —inmediata y directamente— las otras libertades. Lamentablemente, hoy día estas libertades están amenazadas por quienes están obligados no sólo a observarlas, sino también a hacerlas valer y perseguir su violación. Ya se habla, incluso, de “endurecer” desde el poder la Ley del Derecho de Réplica, para facilitar un mecanismo de “sanción inmediata” para medios “que mientan” a consideración de la propia autoridad, que se convierte así en juez y parte.

El cumplimiento de la ley, en cualquier país del mundo, no puede ser una opción ni su observancia un capricho, sino la divisa irrenunciable para cualquier ciudadano. Lo único que nos hace iguales como miembros de una sociedad son las leyes, las cuales nos dotan de derechos al tiempo de que establecen obligaciones para todos: gobierno y sociedad. Ambos debemos entender que la democracia es, ante todo, equilibrio; y éste únicamente proviene de la participación activa de todos sus integrantes, la oposición política incluida.