El cumplimiento del marco legal en un país que profesa la democracia no puede ser opcional ni a capricho de algunos, sino la consigna irrenunciable por parte de toda la sociedad y sus instituciones. Bien dicen los conocedores del concepto constitucional de legalidad que la ley nos iguala a los desiguales y nos otorga derechos, al tiempo de establecer obligaciones y no existe nada más por encima del cumplimento de la ley.
Por ello, la sociedad se beneficia y, por tanto, merece un país de leyes que nos permita fortalecer las instituciones públicas. Lo que hoy ocurre en varias de ellas es reflejo del debilitamiento de los equilibrios que originaron la creación de dichas instituciones.
La política no tiene por qué influir en todas las decisiones, menos en las que tienen que ver con la vida democrática del país. Merecemos una nación en donde la técnica y el conocimiento sean los que guíen la actuación oportuna y permanente de los organismos públicos. Gran parte de las fallas que hoy complican nuestra vida pública, entre ellas la inseguridad, responden a la intervención política en la que una ideología o creencia toma decisiones que, en lugar de garantizar la eficacia de las instituciones encargadas de brindar seguridad, las aniquilan al grado de responder únicamente a los deseos de los grupos políticos que las encabezan.
El equilibrio del que deben gozar todas las instituciones de una sociedad es el principio jurídico a través del cual cada uno de los poderes y organismos de un Estado cumple sus funciones en la misma sociedad que las creó, estrictamente dentro de los límites y competencias que le otorgan las leyes para impedir que una institución esté por encima del resto.
La división de Poderes y los contrapesos garantizan que el poder no se concentre en una sola persona, con lo que se garantiza la protección a la legalidad. Para ello, en el caso de México, implica que los congresos locales y federales, los organismos autónomos de fiscalización y los poderes judiciales actúen con verdadera independencia frente al Ejecutivo, sirviendo de contrapesos efectivos de rendición de cuentas.
Es claro que la supresión de estos balances mediante reformas legaloides, la cooptación de los árbitros sociales o el predominio absoluto de una sola fuerza política debilita la confianza de los ciudadanos y pone en riesgo la llamada democracia representativa.
DISPUTA POR ALCALDÍAS
Como parte de los movimientos políticos rumbo a las elecciones locales de junio próximo en las alcaldías del país, Morena tendrá una intensa disputa por la alcaldía de Tijuana, donde cerca de 20 aspirantes buscan encabezar la candidatura rumbo al 2027. Entre ellos figuran el actual presidente municipal, Ismael Burgueño, Jesús García Castro, Catalino Zavala, Carlos Candelaria, Ramón Vázquez y Sergio Moctezuma. Sin embargo, la diputada local Evelyn Sánchez aparece como la mejor posicionada con 38.4 por ciento de las preferencias, de acuerdo con una encuesta de Demoscopia Norte, casi 17 puntos por encima del segundo lugar. La candidatura se definirá mediante encuesta y los criterios de aprobación ciudadana y paridad de genero podrían favorecer a la legisladora, quien ha llamado a mantener la unidad del movimiento. En tiempos de mujeres, su nombre comienza a cobrar fuerza para gobernar una de las ciudades más importantes del país.
Nos señalan que Sánchez, fundadora de Morena en Tijuana, ha reforzado su presencia en las colonias y su agenda legislativa con propuestas para impulsar una Zona Económica Libre en Baja California y fortalecer la protección a las mujeres. Su capacidad de convocatoria quedó de manifiesto durante su segundo informe de actividades al que, según los organizadores, asistieron más de dos mil personas; un respaldo que la legisladora busca traducir en apoyo ciudadano de cara a la definición de Morena.
