Deficiencias en la Guardia Nacional

En noviembre del año pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional solicitó al gobierno federal 461.5 millones de pesos para certificar a la recién creada Guardia Nacional que, como lo marca la nueva ley que la regula, en uno de sus artículos transitorios fijó una prórroga especial de dos años como máximo a partir de su creación (26 de marzo de 2019) para que los elementos de dicha corporación concluyeran su evaluación y, en su caso, certificación a nivel nacional.

Pues bien, dicha prórroga venció el 28 de mayo pasado, hace poco más de un mes y, de acuerdo con un último informe proporcionado a la Cámara de Diputados, únicamente han sido certificados 10 mil 396 elementos de un total de poco más de 100 mil efectivos. Es decir que, más del 90% de los elementos de la Guardia Nacional que hoy están desplegados por todo el territorio nacional no cuentan con el certificado que avala que tienen habilidades, conocimientos y aptitudes suficientes para realizar de manera segura y eficiente su labor como policías.

Pero hay más, del 10% que fueron evaluados, la mitad reprobó los exámenes aplicados. En tanto, dichos elementos continúan en activo ante la emergencia de seguridad que prevalece en varios estados el país, como Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán, entre otros. Ello, sin tomar en cuenta que el 80% de los integrantes de la Guardia Nacional provienen de las Fuerzas Armadas y no están capacitados para desempeñar funciones de policía civil.

El dinero solicitado por el Ejército a finales del año pasado servirá para la construcción de un Centro de Evaluación de Control de Confianza con el fin de certificar a los elementos de la corporación que sustituyó a la Policía Federal y, así, poder determinar su confiabilidad, perfil y valores requeridos para su desempeño en las tareas de seguridad pública a nivel nacional.

Sobre la construcción de dicho centro que, según estará en el Campo Militar No. 1, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, nada se sabe al día de hoy.

Cuando se hizo la solicitud a la Secretaría de Hacienda, en 2020, se dijo que contaría con consultorios de especialidades y medicina general, cubículos de poligrafía, un espacio de pruebas socioeconómicas y sicológicas, oficinas administrativas y comedor, además de un área de acondicionamiento físico con alberca, zona para pruebas de resistencia y pista de atletismo, entre otras instalaciones.

Ahí se llevarán a cabo exámenes en cuatro rubros principales: formación inicial, evaluación de competencias, evaluación de desempeño y la aplicación de exámenes de control de confianza.

Una de las explicaciones que dieron las autoridades recientemente, al solicitar un grupo de legisladores información sobre el proceso de certificación, fue que sus actuales centros de evaluación, así como los de la Secretaría de Marina y los de la desaparecida Policía Federal, donde actualmente se realiza dicho procedimiento que marca la ley, “han sido rebasados, al no contar con las instalaciones y equipamiento necesario para cumplir con la norma”.

Lo cierto es que, al vencer el plazo que marca la ley, de los más de 101 mil 740 elementos registrados en la nueva corporación federal, sólo poco más de 10 mil 390 (9.9%) cuentan con el llamado Certificado Único Policial (CUP), lo que la coloca como la que menos elementos han sido evaluados a poco más de dos años de haber sido creada por el presidente López Obrador. Si comparamos los números con el resto de las corporaciones policiacas estatales, todas ellas en su conjunto promedian casi 66% ya certificados y, a nivel municipal, el avance es un poco menor, 64 por ciento. De tal manera que no sólo se trata de una violación al control constitucional que ordena la legislación en la materia, sino una falla estructural que, sin duda, afecta su desempeño en favor de la sociedad.