En cualquier sociedad del mundo, los actos de corrupción —es decir, todo lo que se hace fuera de la ley e, incluso, violando la ley— incrementan los costos de la convivencia humana en todas sus manifestaciones. Desde realizar un trámite hasta el costo de hacer negocios o invertir en cualquier actividad productiva, además de que ello genera incertidumbre jurídica y limita la creación de empleos formales. En pocas palabras, la corrupción es un freno para la inversión y la competitividad.
Cifras de los últimos meses en México advierten que, en 2025, el costo promedio por ciudadano alcanzó los 3 mil 865 pesos, lo que representa el nivel más alto de los últimos 10 años que cada persona gasta en, al menos, un acto de corrupción, ya sea al realizar algún trámite o interactuar con las autoridades, lo que representó pérdidas cercanas a los 17 mil millones de pesos, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2025) del Inegi.
Y no sólo se trata del impacto económico que la corrupción constituye para millones de ciudadanos; se trata de un fuerte obstáculo para el funcionamiento eficiente de la administración pública al representar 16% de las personas que realizaron un trámite, pago o solicitaron un servicio público y que fueron víctimas de algún acto de corrupción, lo que se tradujo en una alta tasa de prevalencia que alcanzó 15 mil 642 actos por cada 100 mil habitantes, 24% más que hace una década. Uno de los factores que contribuyó a este incremento fue el exceso regulatorio. Según cifras de organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 48.9% de las empresas enfrenta obstáculos al realizar trámites gubernamentales, para lo cual gasta 82 horas al mes en cumplimientos regulatorios.
EL DETERIORO DEL SURESTE
Conforme avanza el desempeño de los gobiernos que mantienen el poder político en la Península de Yucatán, el deterioro social y de la infraestructura urbana de las tres entidades que lo conforman se hace cada vez más evidente. El caso de Yucatán, donde el actual gobierno estatal, bajo el mando del neomorenista Huacho Díaz Mena, que en octubre próximo cumplirá dos años en el cargo, es paradigmático de lo que ocurre en esa entidad del país. Daños graves en la distribución de energía eléctrica, lo que genera apagones cada vez más constantes y prolongados, falta de agua potable y la inseguridad que comienza a percibirse en un estado que se había caracterizado por ser muy seguro para sus habitantes, ha comenzado a “desgastar” al gobierno estatal hasta sumirlo en una crisis de su gabinete con la constante renuncia de funcionarios, varios de ellos bajo investigación por presunta malversación de recursos públicos.
Esta semana iniciaron los llamados “foros ciudadanos” convocados por el gobernador con la finalidad de implementar el fallido programa Renacimiento Maya, en la capital, Mérida, gobernada por la panista Cecilia Patrón Laviada. La finalidad será dar a conocer los detalles de un endeudamiento por mil 500 millones de pesos que pretende concretar el gobierno estatal de Huacho Díaz Mena para resolver problemas que se han agudizado en la capital yucateca, como la falta de infraestructura urbana, que depende del estado, “mejorar” el servicio de agua potable y resolver el colapso de las vialidades en la Zona Metropolitana de la capital yucateca, donde cada día que pasa es más difícil circular.
El caos y la desconfianza social que en dos años ha generado la administración morenista va en aumento y la alcaldesa de origen panista ha optado por dialogar con el gobernador guinda, haciendo de lado los “intereses partidistas” de cada uno, con el fin de trabajar de manera coordinada para resolver los graves problemas que ha dejado el crecimiento desmesurado que ha tenido en la última década esa región del país.