Urge más sociedad civil

La situación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de la sociedad civil organizada y de las iniciativas filantrópicas en México atraviesa una crisis profunda. Tras seis años de olvido gubernamental, el tejido asociativo del país se encuentra debilitado y con cada vez menos margen de acción para incidir en la agenda pública.

Desde 2018 se ha consolidado una política de supresión del financiamiento público para este sector. Esta situación es alarmante no sólo por el daño estructural que ha causado, sino porque se inscribe en una tendencia global que parece imponerse con renovada potencia, la cual reduce a la sociedad a una mera suma de individuos, y que limita las posibilidades de construcción de colectividades o de base.

El anuncio del posible cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) es un síntoma más de esta mutación. Si bien USAID ha sido históricamente controversial, lo cierto es que ha sido un pilar importante para la financiación de proyectos orientados a la defensa de derechos humanos, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de algunas democracias.

En este punto, es necesario recordar que la organización social y comunitaria en México no es un invento moderno ni una importación extranjera. Es, por el contrario, una tradición de centurias que ha sostenido la vida en común desde tiempos prehispánicos. Es, por tanto, una falacia sostener que la sociedad civil organizada es un artificio forzado o una intromisión externa: es, más bien, una continuidad histórica que hoy se pretende borrar bajo el argumento de la autosuficiencia individualizada.

Preocupa que, en lugar de fortalecer el tejido social, se hayan consolidado las políticas de transferencia directa de ingresos, y si bien es cierto que éstos alivian algunas carencias inmediatas, en el fondo contribuyen a desarticular a la sociedad para incidir en sus propios procesos de cambio; reemplazándolos por una economía de subsistencia particular que refuerza el aislamiento y debilita la acción política organizada.

El error fundamental de esta estrategia radica en suponer que los grandes desafíos contemporáneos pueden ser resueltos de manera unidimensional. Frente a problemáticas tan críticas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la prevención del delito, los desplazamientos y migraciones forzadas o la vida en situación de calle, ningún actor puede operar en solitario.

Los gobiernos, por sí mismos, carecen de capacidad logística, especialización técnica y penetración territorial para abordar estos problemas de manera integral. La sociedad civil, a su vez, no posee los recursos económicos ni el respaldo institucional suficiente para sostener su labor sin un marco normativo y financiero que la respalde. Pretender que una de las dos esferas pueda suplantar a la otra es un reduccionismo peligroso que sólo lleva a la parálisis y al colapso de las estructuras de protección social.

Lo deseable, entonces, no es la desaparición de las ONG ni su sujeción acrítica al poder estatal, sino la construcción de una nueva relación entre el Estado y la sociedad civil. Esto implicaría reconocer que ambas esferas deben actuar de manera complementaria, sumando capacidades, recursos y esfuerzos en aras de garantizar los derechos humanos y mejorar la vida de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.

Debe reconocerse que hay un peligroso retroceso de la sociedad civil en México y que esto no es un fenómeno aislado, sino la manifestación local de una tendencia global: el fortalecimiento de Estados que renuncian a su responsabilidad de regular e, incluso, limitar procesos de mercado, cuando resultan excluyentes y generadores de desigualdades inaceptables. Bajo este esquema, los gobiernos no sólo dejan de financiar la acción social, sino que la criminalizan y la desacreditan, minando su legitimidad a los ojos de la ciudadanía.

Si algo nos ha enseñado la historia es que los periodos de repliegue de la sociedad civil nunca han traído consigo más justicia, más equidad o más democracia. Por el contrario, han sido la antesala de regímenes cada vez más cerrados, donde la atomización de los individuos no es sino el preludio de formas de sometimiento que no pueden admitirse una vez más.