El pasado 2 de julio, el medio Pie de Nota publicó un reportaje sobre la aeronave en la que arribaron a Estados Unidos Joaquín Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, e Ismael El Mayo Zambada el 25 de julio de 2024, para posteriormente ser detenidos por autoridades de ese país. De acuerdo con el director del medio, la avioneta es parte de una exhibición de aviones de guerra, en la que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) la presenta como parte del operativo de captura en México.
¿Aceptó abiertamente el FBI su operación ilegal en territorio nacional?
Regresemos al 9 de agosto de 2024. Ese día, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró públicamente que ninguna agencia estadunidense estuvo involucrada en el operativo. No se utilizaron recursos de nuestro gobierno de los Estados Unidos en la rendición. No fue nuestro avión ni nuestro piloto ni nuestra gente, afirmó Salazar.
Entonces, ¿quién miente? Esa pregunta formuló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum al dar a conocer esta información en su conferencia mañanera.
De confirmarse que Ken Salazar mintió abiertamente tanto al pueblo de México como al de Estados Unidos, se destruiría toda credibilidad del exembajador que, por cierto, está en vísperas de la publicación de su libro de memorias. Pero no sólo eso, se confirmaría lo que por meses se ha denunciado: la injerencia de Estados Unidos en nuestro país y una grave violación a nuestra soberanía nacional. Como señaló la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la presunta participación del FBI en el operativo representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional.
Es por todos conocido que la información que se ha requerido a Estados Unidos para esclarecer el operativo de captura de los capos ha sido, cuando menos, escasa, a pesar de que han pasado casi dos años. Las revelaciones de Pie de Nota se dan en el marco de las acusaciones incendiarias de Donald Trump contra el gobierno de México y del reciente escándalo que protagonizó la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien permitió la operación ilegal de agentes estadunidenses en su entidad.
Mientras se conducen las investigaciones correspondientes en México, una cosa ha quedado clara: quienes sí negocian con criminales son precisamente las autoridades estadunidenses, que el año pasado convirtieron en testigo colaborador a Ovidio Guzmán López. Sin mencionar que su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, permaneció más de 10 años en libertad tras su fuga de Puente Grande en 2001, pues ni Vicente Fox ni Felipe Calderón pudieron concretar su recaptura. La interrogante sobre si fue falta de capacidad o falta de voluntad es pertinente. Recordemos que el exsecretario de Seguridad calderonista, Genaro García Luna, fue encontrado culpable por conspiración internacional para distribuir cocaína, entre otros cargos y señalamientos de recibir dinero del Cártel de Sinaloa.
Los riesgos de subordinarse a intereses extranjeros los conoce bien el sur del continente americano. No es casualidad que el expresidente López Obrador haya puesto freno de mano a la operación de las agencias estadunidenses en nuestro país. Hubo un tiempo en que los presidentes mexicanos se cuadraban a los caprichos e indicaciones de los embajadores de aquel país sin ningún respeto por la soberanía nacional, pasando por alto la dignidad del pueblo de México. Esos días se acabaron.
El gobierno estadunidense tiene muchas explicaciones que dar. Quedémonos, en tanto, con lo que dijo la Presidenta en el Monumento a la Revolución el pasado 31 de mayo: la historia de México nos ha enseñado que ningún pueblo conserva su libertad si permite que intereses extranjeros decidan sobre su destino.