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Ocho lecciones de la Estafa Maestra

María Amparo Casar

María Amparo Casar

A juicio de Amparo

 

A más de una semana de la vinculación a proceso y encarcelamiento de Rosario Robles, por los asuntos relacionados a la Estafa Maestra, ¿a qué conclusiones se puede llegar?

Uno. Las instituciones sí sirven y tenemos algunas que es necesario preservar y fortalecer en lugar de recortarles recursos. El trabajo de la Auditoría Superior de la Federación es fundamental para la vigilancia de los recursos públicos e indispensable para el combate a la corrupción. Gracias a sus auditorías forenses se pudo documentar el desvío de, al menos, siete mil millones de pesos del erario.

Dos. El periodismo de investigación y la tan vilipendiada prensa son fundamentales para ampliar, dar a conocer en un lenguaje accesible y difundir investigaciones como las de la ASF. Pocos conocían y menos entendían los informes de la Cuenta Pública. Lo que hizo la Estafa Maestra (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político) fue documentar, paso a paso, y divulgar un esquema de corrupción para saquear las arcas públicas, que venía practicándose desde 2011, y que llegó a su punto más alto en 2016-2017.

Tres. Las organizaciones sociales, también vilipendiadas, juegan un papel central en la exigencia por hacer justicia. MCCI y Tojil interpusieron diversas demandas penales y administrativas “contra quienes resulten responsables” a partir de los hallazgos de la Estafa Maestra. Fue a partir de una de ellas que inició el proceso judicial.

Cuatro. La justicia en México sigue siendo selectiva. Como bien señala S. Camarena (El Financiero 14/08/2019), Robles no fue la única funcionaria señalada en la investigación. El esquema de defraudación involucra, cuando menos, a 11 dependencias y 18 universidades. Como los titulares no actúan solos, a ellos debieran sumárseles, al menos, sus oficiales mayores y, en el caso de las universidades, a sus tesoreros. Esto nos daría una cifra muy conservadora de, al menos, 54 funcionarios de alto nivel que debieran estar siendo investigados. A ellos habría que agregar a los creadores de las empresas fachada para simular las contrataciones.

Cinco. La presunción de inocencia sigue sin ser el fuerte de la justicia mexicana. Después de haber sido vinculada a proceso por el delito de “ejercicio indebido del servicio público”, que no merece prisión preventiva, no parece haberse acreditado la necesidad de que R. Robles fuera privada de su libertad. Sorprende, sin embargo, que nada se diga de los indicios de otros delitos que van desde el desvío de recursos y ejercicio abusivo de funciones hasta el cohecho y daño patrimonial.

Seis. La determinación de actuar en el caso de los presuntos delitos derivados de la Estafa Maestra es un primer paso contra la impunidad, pero si se queda en la persona de R. Robles y en el delito de ejercicio indebido del servicio público seguiremos, como antes, en la simulación de la justicia y “el castigo ejemplar” con réditos políticos. La investigación debe avanzar para determinar cuántos y qué delitos fueron cometidos, cómo fue posible incurrir en ellos, quiénes son los responsables y beneficiarios y a dónde fue a parar el dinero.

Siete. Si se quiere combatir la corrupción y la impunidad no basta con un encarcelamiento. Después de proponer un “punto final” para los “corruptos del pasado”, el Presidente ofreció que los procesos que ya estaban abiertos seguirían su curso. Esta promesa está por cumplirse. Entre 2013 y 2017 la ASF presentó más de 45 denuncias penales derivadas de más de 70 auditorías.

Ocho. La voluntad y el ejemplo no bastan. Al momento, hay algunas medidas aisladas para combatir la corrupción y la impunidad. Casi todas punitivas y cuestionadas, como la prisión preventiva y la Ley de Extinción de Dominio. La Estafa Maestra es una magnífica oportunidad para cerrar las ventanas de oportunidad para la corrupción y terminar con los distintos regímenes de contratación, como el de las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE), las excepciones para las contrataciones entre dependencias públicas y el uso no justificado de “emergencia nacional”, como ocurrió con la adquisición de pipas para transportar hidrocarburos al inicio de este sexenio. Con la afición a mandar iniciativas de ley, ¿por qué no se han ocupado de ésta que es tan importante?

 

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