El domingo 11 de octubre, miles de personas marcharon en Jalisco para pedir agua limpia y, frente a la residencia oficial, encontraron chorros de agua a presión y 39 detenciones que el propio gobierno estatal reconoció después como injustas. Antes de admitir el exceso, sin embargo, la autoridad ya había ofrecido su explicación, según la cual la marcha fue infiltrada por un grupo de choque de unas 400 personas, y con esa cifra la conversación pública empezó a girar hacia una pregunta muy distinta de la que había llevado a la gente a la calle.
Para que esa explicación funcione, el Estado necesita primero desentenderse del problema que la protesta denuncia que, en este caso, tiene una historia larga y documentada. El SIAPA registró agua turbia en 126 colonias desde 2019 y en 140 en 2020, y este mes las autoridades estatales informaron que durante años se omitieron las inversiones necesarias para potabilizarla. Hace unos meses escribí en este espacio, a propósito de las reformas hídricas de diciembre, que las leyes pueden redactarse en meses mientras la capacidad institucional para cumplirlas tarda años en construirse, y Jalisco muestra hoy el costo de esa distancia cuando quienes la padecen salen a reclamar un derecho del que depende la salud de sus familias.
La planta potabilizadora de Miravalle, que abastece cerca del 60% de la zona que cubre el SIAPA, opera desde hace 70 años y apenas en julio comenzaron las obras de un nuevo tren de potabilización de 2 mil 500 millones de pesos que no concluirá antes de marzo o abril de 2027. El Plan Hídrico entregado al Congreso ese mismo mes prevé 25 mil millones de pesos sin un esquema de financiamiento definido, y el propio SIAPA advierte que en noviembre apenas se notará una mejora mínima, porque el proceso será paulatino. Durante décadas, la urgencia quedó envuelta en el lenguaje técnico que gobierno tras gobierno creyó permitirse aplazar lo inaplazable.
Charles Tilly comparó la formación de los Estados con un negocio de protección que cobra por resguardarnos de amenazas que él mismo genera. Luego entonces finge sorpresa frente al descontento y despliega la fuerza, de modo que el monopolio de la violencia, concebido para proteger a la población, termina empleándose contra quienes señalan la falla que el propio Estado produjo.
Por su parte, la socióloga Donatella della Porta, que ha estudiado cómo las democracias controlan la protesta, observó que la respuesta policial depende en buena medida de la imagen que las autoridades construyen de los manifestantes, y en particular de la frontera que trazan entre quienes protestan legítimamente y quienes vendrían a sembrar el desorden. Advertir el uso político del infiltrado no implica negar su existencia, y lo que merece examinarse es el momento en que el infiltrado deja de ser un hecho que debe investigarse y se convierte en el argumento que permite tratar a toda una marcha como amenaza.
El desplazamiento más relevante ocurre una vez que se instala esa figura y la discusión abandona la calidad del agua para concentrarse en desarticular al grupo que protesta y, con él, sus demandas. El domingo 18 cada bando atribuyó los encapuchados al otro, y aunque caben varias hipótesis sobre su origen, ninguna se ha acompañado de pruebas, mientras lo único documentado es que esos grupos lanzaron petardos contra la prensa y prendieron fuego a las puertas del Congreso. Frente a ellos, quienes marchaban mostraron una inteligencia política notable, porque al reconocerlos se detuvieron, les exigieron descubrirse el rostro y prefirieron suspender momentáneamente la movilización antes que exponerse, con lo cual hicieron visible la frontera entre quienes protestaban y quienes habían llegado con otro fin.
Nadie ignora que los partidos suelen sumarse a las protestas para presentarse como alternativa ante el descrédito de quienes gobiernan, y sería deseable que no instrumentalizaran luchas que no les pertenecen. Reconocer ese oportunismo, sin embargo, es muy distinto de convertirlo en sospecha sobre quienes denuncian, porque en ese tránsito la carencia queda relegada y los manifestantes terminan criminalizados por una crisis que ellos no provocaron y que la autoridad administró mal históricamente. Ese mecanismo atraviesa casi cualquier movilización en el país, y mientras se repite, el agua sigue saliendo turbia, igual que tantas otras deudas sociales permanecen sin resolverse.