Dejar de jugar para vender juguetes

Algunas mañanas, debajo de las instalaciones del Sistema Municipal de Agua Potable de Guanajuato capital, se estacionan una, dos o tres camionetas que llegan desde municipios del norte del estado con familias, mujeres y niños que bajan cargando los burritos de madera que después ofrecerán a los turistas en los callejones, mientras se hospedan varios días en cuartos rentados por noche o por semana antes de volver a casa. Así describió Alejandro Navarro Saldaña, recién nombrado presidente del patronato del DIF municipal, la situación de unos 30 menores que, en sus propias palabras, probablemente son explotados laboralmente, y detrás de los cuales, sospecha, debe haber alguien que sea el dueño del negocio.

La escena, que el 1 de noviembre se presentó como un hallazgo, era conocida por el municipio desde hacía meses. El 14 de mayo, el propio gobierno de la capital había informado que un operativo de la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el DIF y la Subsecretaría de Fiscalización detectó a 30 niños y niñas presuntamente explotados por sus padres, quienes los traían desde Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y otros municipios para pedir dinero o vender en el Centro, y que el caso se turnaría a la Procuraduría Estatal.

Aquella versión se fue desvaneciendo con el paso de las semanas, hasta que, el 26 de octubre, el director del DIF, Marco Antonio Araujo Zavala, aseguró que en todo el año no habían recibido una sola queja o denuncia de explotación laboral infantil, y que a las familias de San Miguel de Allende se les dieron recomendaciones y un vehículo para volver a su municipio. El 12 de noviembre, cuando las palabras de Navarro ya circulaban, Anayatzin Luna Gallegos, titular de la Procuraduría Auxiliar, reiteró que en la capital no se ha detectado ningún caso y redujo el asunto a tres familias con unos siete niños que vendían artesanías acompañados de sus padres, en las que, según dijo, se habría verificado que no había explotación ni maltrato.

En menos de tres semanas, tres voces del mismo gobierno ofrecieron tres versiones que no pueden ser ciertas a la vez, y ninguna ha dicho qué ocurrió con la vista a la Procuraduría estatal anunciada en mayo. Entre ellas sobrevive una frase de Navarro, quien, después de evitar la palabra problema para hablar de un “área de oportunidad”, descartó impedir la venta de los burros porque eso crearía a las familias un problema alimentario quizá peor, una advertencia que pretende parecer un gesto de sensatez y que encierra la confesión más honda del caso, ya que admite que el trabajo de esos niños sostiene la mesa de sus casas y que la autoridad carece de cualquier cosa con la cual sustituirlo.

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil que el Inegi publicó en octubre permite medir lo que la capital discute. En 2025, 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajaban en México, 12.6% de esa población, apenas menos que 13.1% de 2022 y todavía más que el 11.4% de 2019. Guanajuato, con 10%, queda debajo del promedio, aunque fue en Dolores Hidalgo, uno de los municipios de donde salían los niños de mayo, donde en julio de 2025 se halló a cerca de 700 personas, recién nacidos incluidos, en un rancho agrícola investigado por trata con fines de explotación laboral. Guerrero, con 22.6%; Oaxaca, con 20.9%, y Chiapas, con 20.3%, encabezan un mapa que coincide con el de la pobreza y que se confirma en la Montaña de Guerrero, desde donde, entre enero y abril de este año, migraron a los campos agrícolas 979 menores, 382 de ellos fuera de la escuela.

Lo único en que coinciden las tres versiones es que hay niños vendiendo juguetes en las calles de Guanajuato, ofreciendo a otros niños, los que llegan de vacaciones con sus padres, figuras de madera hechas para jugar, y de esa coincidencia mínima ninguna autoridad ha querido desprender una responsabilidad. Mientras el municipio decide si son 30 o 7, si detrás hay un dueño del negocio o si sólo acompañan a sus padres, la pregunta que debería ordenar la discusión sigue abierta, porque quien no sabe cuántos niños trabajan en sus calles ni en qué condiciones lo hacen, difícilmente puede asegurar que no corren peligro, y una infancia sobre la que el Estado no consigue ponerse de acuerdo queda a merced de que cada declaración oficial la haga aparecer o desaparecer según convenga.