No hay democracia sin ley

Mientras escuchaba el discurso, reflexionaba lo lejos que estamos de una democracia liberal basada en un Estado de derecho. Estamos en un país donde el gobierno acusa a personas, instituciones y programas de ser corruptos sin presentar una sola prueba o denuncia. En nuestra semidemocracia, la acusación en la plaza pública es suficiente para doblar a quien sea. Hubo corrupción en algunas instancias infantiles, el veredicto es cancelar el programa sin especificar en cuál, dónde y cuándo hubo corrupción y cómo se aplicaría la ley contra los culpables y las medidas para mitigar esas actividades.

En España, esta semana empezó un juicio que no depende de la voluntad del Rey o el presidente de gobierno. Hubo una violación a la Constitución y a las leyes españolas y eso disparó un proceso institucional donde la maquinaria no se puede parar. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Audiencia Nacional de España van a hacer su trabajo, llevando a cabo el juicio, revisando las pruebas, escuchando testigos y habrá sentencia, aunque el Rey salga en la televisión y declare cancelado el juicio. Es lo que se llama certeza jurídica. La certeza jurídica es el resultado de un Estado de derecho operante por medio de instituciones que tienen una tarea y un fin que es el cumplimiento de la ley.

En nuestro caso no es así, el solo hecho de apuntar delitos y luego decidir que no se perseguirán, porque es mejor el borrón y cuenta nueva, sería impensable en cualquier país decente del mundo. En México, la aplicación de la ley ha sido siempre discrecional y disfuncional, pero al menos, hasta el gobierno anterior, había una idea de avanzar hacia instituciones autónomas que pudieran tener la libertad de ejercer su mandato y obligación legal. Eso se acabó en este gobierno y lo peor es que una mayoría lo aplaude. Otra vez, es nuestra vocación de adoración del tlatoani.

Y no sólo quiero criticar lo que pasa en este sexenio, porque el señor Fox cometió el mismo error. No puede haber un cambio de era sin juzgar lo que sucedió antes y sin condenar y castigar a quien violó la ley. Es así como se hacen los países.

En el caso catalán, una minoría de catalanes decidieron saltarse las leyes y con tácticas de país bananero, pensaron que, echando a la gente a las calles, el Estado español no aplicaría la ley. Y tal vez si el señor Sánchez hubiera sido presidente de España no se hubiera aplicado el artículo 155 constitucional y no se hubiera tomado control del gobierno autonómico de Cataluña, pero del procesamiento por sedición y rebelión no se hubiera salvado nadie, porque para eso están las instituciones. Y por eso España es una de las 10 democracias más funcionales y de mejor calidad del mundo. Y por lo mismo, México está lejos de serlo.

Iniciativa privada

Me impresiona mucho la denostación moral gubernamental al hecho de que funcionarios públicos pasen a trabajar a la iniciativa privada después del término legal establecido para hacerlo. En todos los países decentes del mundo pasa lo mismo, los expresidentes y exsecretarios pasan a formar parte de la iniciativa privada porque si no ¿de qué viven? ¿qué no hay una libertad laboral garantizada por la Constitución? ¿De qué se supone que debe vivir un exfuncionario público durante los 10 años siguientes a haber dejado el puesto? ¿No motiva esto a la corrupción forzando a los funcionarios a hacer su cochinito para los 10 años sabáticos obligatorios que se proponen? No se entiende la lógica, a menos que se espere que todos estos funcionarios funden partidos y vivan del presupuesto que les otorga el INE.

Hoy será el último sábado en el que escriba este artículo. A partir del miércoles siguiente, este artículo aparecerá en ese día cada quince días. Le agradezco a Pascal Beltrán del Río y a Lorena Rivera la oportunidad.

Luis F. Lozano Olivares

Abogado y analista

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