El gobierno no tiene dinero.
Todo parte del embuste de López Obrador de que era posible elevar el gasto público sin aumentar la deuda y los impuestos. En uno de sus típicos lances demagógicos, afirmó que habría ahorros del orden de los 500 mil millones de pesos porque ya no habría corrupción. La realidad es que no acabaron con la corrupción, pero sí elevaron en casi diez puntos la deuda como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) en estos ocho años de la 4T (seis de AMLO y dos de Claudia Sheinbaum). No aumentaron las tasas generales del ISR ni del IVA, aunque sí elevaron la recaudación tributaria en 2.4 puntos porcentuales del PIB mediante mayor fiscalización y otras medidas tributarias.
El gobierno sabe que ya no tienen mucho margen para seguirse endeudando sin crear una presión real en las finanzas públicas.
Lo que queda es recortar el gasto público o subir los impuestos.
En lo primero tampoco ya tiene mucho margen de acción porque, desde que entró AMLO al poder, hubo recortes importantes para financiar sus proyectos de inversión y, sobre todo, los programas sociales. Programas que ya se convirtieron en derechos constitucionales, así que no pueden cancelarse más que reformando la Constitución, lo cual no hará la 4T por las consecuencias electorales negativas que esto acarrearía.
Queda, entonces, subir los impuestos.
Hay muchos en la izquierda que están de acuerdo con una reforma tributaria progresiva que les cobre más a los ricos que a los pobres.
Suena bien, pero yo no estoy de acuerdo porque, si quieren subir impuestos, primero deben gastar mejor.
Y es que una de las características de estos gobiernos supuestamente progresistas es lo mal que gastan el dinero de los contribuyentes.
¿Con qué cara vendrán a pedirnos un mayor esfuerzo fiscal cuando ellos se empeñan en salvar a una empresa quebrada, en construir obras costosas, innecesarias y llenas de corrupción y en utilizar el dinero público para ganar las elecciones?
Me explico.
Yo no quiero que me cobren más impuestos para seguir subsidiando a Pemex.
Durante décadas, la empresa petrolera fue una fuente importante de ingresos para el gobierno. Sin embargo, ahora estamos en la situación inversa: Pemex cuesta más de lo que aporta.
El año pasado, de acuerdo con el IMCO, la paraestatal pagó al gobierno 195.2 mil millones de pesos en impuestos y derechos. Por su parte, el gobierno le transfirió 396.2 mil millones de pesos. El saldo neto de Pemex para las finanzas públicas fue de menos 201 mil millones de pesos en 2025.
La realidad es que la petrolera está quebrada y el gobierno no quiere admitirlo. Cada vez produce menos crudo y cada vez acumulan más enormes pérdidas en las refinerías.
Si el gobierno quiere cobrarnos más impuestos, que reestructure Pemex para que no nos cueste dinero a los contribuyentes.
Yo no quiero que me cobren más impuestos para que la 4T haga obras innecesarias plagadas de corrupción.
La calidad de la inversión pública de la 4T ha sido pésima para mejorar el capital físico y humano del país, de tal suerte que la economía sea más productiva.
Las obras que se construyeron durante el sexenio de AMLO resultaron un desastre de sobrecostos, utilización escasa, incumplimiento de metas y dependencia de subsidios operativos. Estamos hablando del AIFA, del Tren Interoceánico, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y la Megafarmacia.
Obras que no funcionaron, pero sí dejaron una enorme estela de corrupción donde amigos y parientes de los gobiernos de la 4T se enriquecieron súbitamente el sexenio pasado.
Si el gobierno quiere cobrarnos más impuestos, que invierta bien el dinero público en obras que sí mejoren la productividad económica del país y sin actos de corrupción que favorezcan a la parentela presidencial y sus amigos empresarios.
Yo no quiero que me cobren más impuestos para que la 4T chantajee a los electores con los programas sociales.
Este año, la entrega de dinero en efectivo del gobierno a diversos grupos de la sociedad será de más de un billón de pesos. Son programas muy populares que se han convertido en la base del éxito electoral de Morena.
El gobierno federal cuenta con 29 mil “Servidores de la Nación” que nos cuestan 4 mil 172 millones de pesos al año. Es el ejército de operadores electorales que se encarga de capitalizar políticamente las transferencias en efectivo. A los beneficiarios los amenazan con que se acabarán si la oposición gana las elecciones.
Si el gobierno quiere cobrarnos más impuestos, que deje de pararse el cuello con sombrero ajeno.
No es su dinero, sino de los contribuyentes.
X: @leozuckermann