Liberales ganaremos el debate de los matrimonios homosexuales

En un Estado laico como el mexicano, el matrimonio civil es un contrato voluntario entre dos individuos que establecen un vínculo conyugal generando, con ello, derechos y obligaciones. El Estado actúa como fedatario del contrato y puede sancionar a algunas de las partes que incumplan con lo acordado. También es el encargado de disolver el contrato en caso de divorcio o muerte de algunos de los cónyuges.

La Real Academia Española define a un cónyuge como un “consorte”, concepto que, a su vez, tiene dos acepciones. Una no deja dudas: “marido respecto de la mujer, y mujer respecto del marido”, es decir, el matrimonio tendría que ser entre una persona de sexo masculino y otra de sexo femenino. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua, también admite otra interpretación más moderna de consorte: “Persona que es partícipe y compañera con otra u otras en la misma suerte”. Esta acepción deja abierta la posibilidad de que los cónyuges sean del mismo sexo. ¿Quién define, entonces, si el contrato matrimonial es exclusivo para heterosexuales o también puede ampliarse a los homosexuales?

En una democracia no puede ser otro que la sociedad a través de sus representantes. Son los legisladores los que definen los parámetros de quién tiene derecho a firmar un contrato de matrimonio. En México, son los congresos de los estados los que gozan de esta facultad (la mayoría de los códigos civiles establecen, por ejemplo, una limitación de edad para el matrimonio de 14 años para las mujeres y 16 para los hombres). No obstante, con base en una interpretación de la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que un Congreso local no puede impedir que dos homosexuales se casen porque esto constituye una discriminación por preferencia sexual. De ahí que el presidente Peña, en atención a la sentencia de la Corte, haya propuesto una iniciativa de ley con efectos nacionales para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo.

En los últimos lustros, en todo el mundo occidental, se ha desencadenado un debate por ampliar el concepto de matrimonio a individuos del mismo sexo. Hace seis años, en la Ciudad de México se promulgó una reforma al Código Civil que permitió esta posibilidad. La nueva definición capitalina de un matrimonio quedó como “la unión libre de dos personas”. De esta forma, desde entonces, pudieron casarse parejas homosexuales y, como cualquier matrimonio, registrarse en el Seguro Social, solicitar créditos bancarios e incluso adoptar hijos.

En lo personal estoy de acuerdo con que el Estado reconozca la posibilidad de que dos homosexuales se casen: que voluntariamente firmen un contrato donde adquieran derechos y obligaciones. Y por supuesto que tengan la posibilidad de adoptar hijos. Múltiples estudios académicos han demostrado que progenitores del mismo sexo son igual de malos o de buenos para criar a sus hijos que los heterosexuales.

La Ciudad de México, donde vivo, es la entidad más liberal del país. Lo celebro. Ha sido, quizá, lo mejor de los gobiernos perredistas que, desde el sexenio pasado con Marcelo Ebrard, han abanderado causas sociales que son las que hoy en día definen a una izquierda moderna en el mundo entero.

Sin embargo, como ocurrió en el tema de la interrupción del embarazo, en el caso de los matrimonios homosexuales vino una fuerte reacción de los grupos conservadores. Era de preveerse. Están, desde luego, en su derecho. La Iglesia católica, sectores del PAN y grupos ultramontanos se han unido en este empeño. Piensa, en su visión, que la ampliación del matrimonio a los homosexuales constituye una amenaza a esta institución social.

¿Quiénes ganarán, al final del día, este debate? Yo no tengo dudas: los liberales porque tenemos mejores argumentos y porque la sociedad cada vez tolera menos la discriminación por preferencias sexuales. Pero no será fácil. En el camino los conservadores se apuntarán algunas victorias en algunas batallas.

                Twitter: @leozuckermann