Durante un año se intentó contener la tormenta que significaba la llegada de Donald Trump nuevamente a la presidencia de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum logró, con habilidad política e inteligencia, sortear los humores, amenazas y embates constantes de un mandatario que prácticamente un día sí y otro también coloca a México en el centro de sus ataques. Incluso, en más de una ocasión, consiguió algo improbable: el reconocimiento público y hasta elogios de un presidente explosivo e impredecible.
La relación bilateral, con todo y sus conflictos, guardaba ciertas formas y protocolos. Había diferencias escandalosas, sí. Presiones comerciales y acusaciones, pero, también, ciertos protocolos y canales diplomáticos. Algunos avisos institucionales. Vaya, una mínima cortesía que ya parece haberse roto.
La acusación contra el gobernador en funciones Rubén Rocha Moya terminó de sacudir lo poco que quedaba de confianza entre Washington y Palacio Nacional. Más allá de si los señalamientos prosperan legalmente, de si existen pruebas contundentes o incluso colaboración institucional, el verdadero mensaje estuvo en las formas. El gobierno de México se enteró prácticamente igual que cualquier ciudadano de a pie: comunicados, filtraciones, redes sociales y medios. Sin comunicación política previa, sin manejo reservado, sin coordinación diplomática. Ya no se trata del muro, los migrantes, aranceles, o el T-MEC acompañados de tuits incendiarios con mayúsculas. La presión es más silenciosa y delicada: la acusación sin rodeos de que el narcotráfico no sólo opera en México, sino que se encuentra profundamente enquistado en las estructuras del poder político en funciones.
A nivel nacional, la acusación de que Rubén Rocha Moya mantiene vínculos con el narcotráfico y facilita sus operaciones difícilmente sorprende a alguien. En México desde hace décadas hemos normalizado, quizá demasiado, la sospecha permanente de la relación entre ciertos sectores del poder político local y el crimen organizado. Es parte del paisaje, se asume y se tolera. El propio nombre de Rocha apareció vinculado a versiones periodísticas alrededor de Los Chapitos y de la captura de El Mayo Zambada. A nivel internacional la historia es otra. Se trata de un asunto de seguridad nacional, cooperación bilateral, estabilidad comercial y geopolítica regional. Ya no es Trump lanzando declaraciones explosivas. Ahora son las instituciones: desde el Departamento de Justicia hasta las agencias de seguridad y la nueva estrategia antidrogas publicada esta semana por Washington.
El verdadero mensaje viene en la estrategia antidrogas, que amplía las capacidades militares, financieras y diplomáticas de Estados Unidos para atacar redes completas que incluyen narcotraficantes, estructuras logísticas, operadores financieros y, sobre todo, funcionarios corruptos que permiten esas operaciones. Washington exige más detenciones, más extradiciones, más decomisos y más políticos corruptos de las altas esferas. Poco importa la narrativa del gobierno mexicano que, para la opinión de Trump, está aterrado para poder actuar.
México no puede permitir que Estados Unidos sustituya a sus instituciones ni permitir presiones extraterritoriales disfrazadas de justicia, pero tampoco se puede continuar reaccionando con negación o victimismos frente a una realidad inocultable. No se debe confundir la defensa institucional de la soberanía con el cobijo político automático. Defender la soberanía no significa minimizar la infiltración criminal en las estructuras del poder. Hay que demostrar que el Estado mexicano tiene la capacidad de investigar, depurar y castigar por su propia cuenta sin importar quien sea el imputado.
Hoy más que nunca: cabeza fría.