¿Estatizar el país?

Las últimas decisiones del Presidente de la República son, para muchos, claros signos de su intención de proceder a la gradual estatización de México. Este parecer se confirma con las instrucciones de suspender, aunque sólo por la duración de la pandemia que nos asuela, el proceso de articular la generación de energía eléctrica limpia de origen solar o eólica con la producción, mucho más cara y contaminante, de la CFE.

Ha sido clara la orientación populista del gobierno en la manera en que ha priorizado, con minúsculas dádivas, el financiamiento de los programas sociales con evidente intención electoral, mientras que mantiene reducido el financiamiento a las pequeñas y medianas industrias (pymes).

Caen en el mismo esquema las expresiones, posiblemente como mero globo sonda, de Ramírez Cuéllar, presidente interino de Morena, para utilizar al Inegi en la detección de patrimonios físicos y financieros personales. La insistencia de López Obrador en reducir apoyos a la acción privada en toda labor social es otra prueba de que AMLO se propone convertir el país en un estado de dictadura socialista.

Hace años, en un debate entre López Obrador y Diego Fernández de Cevallos, se vio al joven luchador cívico sostener su aversión al capitalismo empresarial con persistentes acusaciones al Jefe Diego de corrupción y negocios inconfesables que fueron respondidas por el panista con firmes documentos jurídicos. Ambos personajes terminaron el debate sin posibilidades de conciliación. El inconcluso final del ejercicio televisado confirmó que la descalificación nada resuelve. AMLO no ha variado su posición a lo largo de los últimos casi 40 años. 

Aunque los problemas hoy son los mismos, las soluciones ya no se encuentran en constantes acusaciones repetidas, desde Carlos Marx, contra el capitalismo salvaje. Tampoco convencen las muy ralas defensas de las innegables perversidades de los conservadores. Pese a novedades gatopardianas, hay elementos que indican que las cosas sí han cambiado, tanto en el mundo como en nuestro país.

En las décadas transcurridas desde la caída de la URSS, válida mojonera histórica, sin duda se han agudizado, tanto en el campo capitalista como en el de las izquierdas, los problemas socioeconómicos. Los inocultables fracasos de los sistemas socialistas, de corte comunista y la acumulación de las injusticias que se registran a cargo del capitalismo empresarial están a la vista y estallan en vehementes protestas en todos los continentes. Las inconformidades se generalizan en más violencia que crece con la demografía. Se ensordece el clamor por reformas. Hay, sin embargo, fórmulas que ya se aplican con éxito para conciliar opuestos que parecen irreductibles. La economía social de mercado que rige en Alemania desde la caída del Muro. En los mismos EU hay experiencias de cooperativas exitosas en empresas de gran dimensión y sólido financiamiento. Hay numerosas propuestas de empresarios de responsabilidad social de esquemas fiscales y de solidaridad que esperan ser instaurados. Todas dentro del respeto a la propiedad privada. Economistas, como el francés Piketty, quien ha estudiado a detalle el fenómeno de la desigualdad económica que el capitalismo ha generado, proponen soluciones para conciliar los polos opuestos de la sociedad del siglo XXI.

La brecha que se ensancha en México separando a los pocos inmensamente ricos de los innúmeros dramáticamente pobres plantea la tarea socioeconómica más urgente. Hasta ahora no se ha intentado un esfuerzo coordinado del gobierno con las fuerzas privadas para producir justicia social y empleo. Los signos apuntan a que el Presidente cree que la ansiada meta de la prosperidad repartida se alcanzará centralizando en el gobierno todos los poderes y facultades para abarcarlo y absorberlo todo.

Pensar así es negar la experiencia. Hemos presenciado, en el siglo pasado y en el actual, el fracaso de los regímenes europeos, asiáticos y latinoamericanos que depositaron su suerte en sistemas centralizadores y autoritarios que generaron costosas burocracias, corrupción, hambre y carencias. 

Ningún estado centrado en una sola persona como único rector ha logrado coordinar todas las fuerzas de una sociedad hacia la justicia y prosperidad como fin superior. El presidente López Obrador es, por su formación personal, el primero en saberlo.

Consciente de lo anterior, el Presidente de la República debe entender que, al tiempo de llamar a México a la unidad nacional con responsabilidades compartidas, tiene que empeñarse de inmediato en la ardua tarea de eliminar la extendida roya de la corrupción que invade todos los ámbitos nacionales, empezando por el círculo más cercano de sus colaboradores. Esto es lo que más fortalecería al Estado que se comprometió consolidar.