Para aquellas personas que conmutan su dolor por la paz de su ser querido.
En seguimiento a la entrega de la semana pasada, en la que escribí sobre la eutanasia en España, concretamente sobre la realidad que vivió Noelia Castillo, comenté que esta semana abordaría la situación que existe actualmente en nuestro país, específicamente en la Ciudad de México.
De forma general, en nuestro país, el “homicidio por piedad” está prohibido por mandato normativo, según lo establece la Ley General de Salud, que señala que, al igual que “el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan las disposiciones penales aplicables”.
Por su parte, el artículo 312 del Código Penal Federal determina que: “El que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide, será castigado con la pena de uno a cinco años de prisión; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de cuatro a doce años”. Bajo estos supuestos, podemos confirmar que no existe ninguna posibilidad mediante la cual, bajo nuestro sistema legal, se pudiera asistir a una persona que estuviera en circunstancias como las que envolvían a Noelia.
Ahora bien, no todas las noticias al respecto son del todo negativas. Como lo señalé en mi columna del lunes 31 de marzo de 2025, publicado en este mismo diario, la Ciudad de México fue pionera y vanguardista respecto de lo que implica la “voluntad anticipada”, entendida como el derecho que tienen las personas para decidir, de manera libre e informada, si continúan con tratamientos o los rechazan cuando estos impliquen que la vida pudiera prolongarse innecesariamente y exista una enfermedad avanzada, incurable o terminal. Todo esto puede conocerse igualmente bajo el término de ortotanasia. Esta ley fue publicada en enero de 2008. A finales del año pasado, en octubre para ser más precisos, fue presentada e impulsada por la activista Samara Martínez la “Ley Trasciende”, esto ante la Cámara de Senadores. Esta norma promueve la eutanasia y la muerte digna en nuestro país, y es en su propio sitio (www.leytrasciende.org) donde claramente establece que buscan “despenalizar y legalizar la eutanasia en México, para que las personas con enfermedades crónico-degenerativas por condiciones discapacitantes y amenazantes para su vida puedan decidir hasta el último respiro”. Samara es una joven periodista egresada de la Universidad de Chihuahua, con una maestría y una especialidad cursadas tanto en México como en España. Lleva más de diez años enfrentando una enfermedad crónico-degenerativa renal y lo expresa de la siguiente manera: “He pasado por diálisis, trasplantes y duelos profundos…”.
Me parece oportuno señalar que existen resistencias ante la “Ley Trasciende”, puntualmente la de la Iglesia católica; asimismo, no fue bien recibida por todos los grupos políticos que conforman nuestra Cámara alta.
Una vez expuesto lo anterior, se nos permite plantear una cuestión jurídicamente relevante para México: nuestra normativa, al menos en una entidad del país, la CDMX, ya reconoce el derecho del enfermo terminal a rechazar tratamientos y evitar la obstinación terapéutica; sin embargo, a nivel federal se mantiene una limitación penal cuando la intención es incidir deliberadamente en la muerte del paciente cuando, por su propia determinación y libertad, así lo ha decidido.
Ante la posibilidad de realizar una reforma legal en México, deberemos tener listas una serie de medidas y estructuras paralelas que deberán tutelar intereses superiores, entre ellos, los de los menores de edad y de las personas que se encuentren bajo situaciones especiales o padezcan enfermedades mentales; haber constituido comités bioéticos multidisciplinarios, aunado a una legislación coordinada, robusta, clara y contundente que permita identificar límites de actuación y supuestos que no den lugar a interpretaciones. Y, a petición expresa de un gran amigo, una frase anónima: “No puedes volver atrás y cambiar el principio, sólo puedes comenzar donde estás y cambiar el final”.