Sobrellevar toda verdad desnuda y con ánimo sereno contemplar las circunstancias. He ahí de la soberanía la cumbre.
John Keats
El 31 de agosto de 1997, durante la sesión de instalación de la LVII legislatura (con quórum logrado sin la fracción parlamentaria del PRI), Fidel Herrera Beltrán y Ricardo Monreal Ávila, diputados electos por este partido, propusieron suspender la sesión y negociar la conformación de los órganos de gobierno. Porfirio Muñoz Ledo (del PRD) dialogó con ellos y le transmitió el mensaje a Carlos Medina Plascencia (del PAN). Este último rechazó el receso y dijo: “La sesión continua”. Los diputados electos presentes lo celebramos con algarabía.
Iniciaba un nuevo sistema político que culminó con la alternancia en la Presidencia de la República en el año 2000. Arrancaba el milenio con grandes expectativas democráticas para México.
Hoy, que se descalifica con razón al Poder Legislativo por su agilidad para aprobar ocurrencias insensatas, sin analizar lo sustancial, es un deber reflexionar sobre nuestro acontecer político.
México ha tenido, a mi juicio, tres sistemas políticos identificables con estabilidad y gobernabilidad:
Durante la República restaurada (1867-1876). Los gobiernos de Juárez y Lerdo, con aproximación a la Constitución de 1857, le dieron al país un remanso en su vida institucional.
Con el Porfiriato (1876-1911). Un dictador, con gran habilidad en el manejo del poder, los postulados positivistas “orden y progreso” y una clase política (los llamados científicos), propició un segundo lapso de vida institucional, aunque ajena a su carta fundamental.
La dictadura generó la Revolución Mexicana con un régimen presidencial bajo la Constitución de 1917 y que se consolida en 1929 con un mecanismo provisional de dos fines muy claros: evitar la violencia en la lucha por el poder y, como medida perentoria, permitir el tránsito para arribar finalmente a una república representativa, democrática, federal y laica.
Este último sistema terminó con la presidencia de Vicente Fox (2000) al que sí podemos identificar como democrático, con un deslinde de las instituciones de gobierno, con las organizaciones partidistas y con el funcionamiento de pesos y contrapesos propios de las democracias liberales.
Es difícil distinguir con criterios claros los gobiernos de Calderón, Peña Nieto, López Obrador y el actual. El primero soslayó, por decirlo suavemente, los principios del partido que lo llevó al poder y en los tres siguientes no se percibe ningún sustento doctrinario. La necesaria voluntad para cumplir la ley, se fue haciendo cada vez más endeble, hasta los tiempos actuales en que es desechada en forma y fondo. La tan cacareada transición fracasó estrepitosamente.
No estamos en el inicio de algo, más bien se está resquebrajando el Estado mexicano. La tarea hoy es mayúscula, sobre todo porque en quienes recaen las más pesadas responsabilidades, no asumen la el deber de reconocer nuestra lacerante realidad.
Quienes nos atrevemos a difundir nuestras ideas debemos ser alarmistas. Si nos equivocamos, qué bueno; si nuestras predicciones resultan ciertas, cuando menos nos queda el consuelo de haberlo advertido en su oportunidad.
Una carencia muy sensible es nuestra capacidad de deliberación, que en contadas ocasiones hemos tenido. Lo paradójico es que la autodenominada izquierda, que nació con un fervor obsesivo de debatir, confrontar ideas, definir los “proyectos de nación”, ahora no discute. No tiene ideas o no sabe defenderlas. Eso sí, impone, insulta, descalifica, amenaza.
Ninguna democracia se consolida sin parlamentos que sostengan diálogos razonables, exposición de ideas con civilidad. Nuestras cámaras legislativas se integraron ilegalmente para avasallar las instituciones, no para precisar hechos, hacer leyes, vigilar y fincar responsabilidades.
Ojalá logremos, con las elecciones de 2027, asambleas legislativas que defiendan a México.