Será otra semana difícil para los mal llamados Parques de la Memoria, ubicados en Quintana Roo y Campeche, y también para los funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que idearon y autorizaron esos adefesios de cal y canto, porque alguien debió avalar la remoción, el traslado y la reubicación de vestigios, lo que, al parecer, se hizo sin contar con los dictámenes de salvamento.
Vendrá, pues, un trago amargo para quienes juran con la mano en el pecho que esos parquecitos están avalados por la mismísima Carta de Venecia, ya que, presuntamente, fueron construidos con los remanentes de 47 sitios arqueológicos arrasados en los tramos 6 y 7 del Tren Maya, bajo el concepto de desmontaje o “deconstrucción” para su preservación.
Esto no lo digo yo, sino un amplio grupo de investigadores y especialistas del propio INAH, quienes ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, con el apoyo de José Manuel Hermosillo Vallarta, abogado del despacho Artículo 27 –que también ha iniciado la defensa del sitio arqueológico de Los Tlalteles, en Chalco–, quienes lo detallarán el próximo martes.
Vale la pena recordar que el tema de los dictámenes de salvamento arqueológico es clave en cualquier hallazgo, dado que cada uno de éstos debe incluir información única, como los patrones de asentamiento, los sistemas de entierros prehispánicos, el estilo arquitectónico del espacio, el periodo de ocupación, la catalogación de su material cerámico y claves que hablarían del desarrollo cultural de un sitio, entre muchos más datos.
Significaría que, si el instituto autorizó la remoción de vestigios sin contar con esos dictámenes, los responsables de esos levantamientos tendrán mucho que aclarar, porque el tema ya no sólo se limitaría a su traslado, sino a una posible destrucción con el aval de la institución que debería protegerlos.
Como usted recuerda, el pasado 17 de marzo, el INAH organizó el foro La reubicación del patrimonio arqueológico en México, en el Museo Nacional de Antropología (MNA), donde expertos como Sergio Gómez y Felipe Echenique cuestionaron los procedimientos realizados para trasladar vestigios, refirieron la falta de autorizaciones, la errónea definición de parques, el mal uso del término “deconstrucción” y aportaron material fotográfico de las posibles demoliciones de estructuras.
Sergio Gómez también preguntó por qué el Consejo de Restauración de la dependencia no emitió un dictamen favorable para hacer esos trabajos y dijo que la legislación no considera la remoción de edificios, labor en la que no participaron solamente arqueólogos, “lo cual es ilegal”, algo que abriría la puerta a “remover” otros vestigios que estorban, tanto para obras públicas como para privadas (Excélsior, 18/03/2026).
En aquella misma sesión, José Luis Perea, secretario técnico del INAH, justificó que, si bien la teoría de la conservación ha defendido el principio de preservación in situ, la realidad contemporánea demuestra que éste enfrenta desafíos y que la expansión de las ciudades genera situaciones donde la permanencia absoluta de vestigios resulta difícil o en ocasiones imposible.
Aquel día se anunció que se organizaría un segundo foro para seguir el tema, lo cual no ocurrió, pero quizá esta semana se intentará reanudar “la reflexión”. Es curioso que una institución tan prestigiada a nivel internacional no haya hecho lo posible por resolver las dudas que ha generado la posible destrucción de sitios y la edificación de los Parques de la Memoria, que deberían ser rebautizados.
Aquí la pregunta es simple: Si el INAH tiene tan documentada la salvaguarda de ese patrimonio cultural, ¿por qué no ha difundido las grabaciones que confirmarían ese trabajo meticuloso y apegado a la norma?