Actualmente, habitamos el planeta más de 8,230 millones de personas. Es un logro de la humanidad en términos de supervivencia, salud y desarrollo científico, y representa uno de los mayores desafíos, los gobiernos enfrentan la responsabilidad de diseñar políticas públicas capaces de garantizar condiciones dignas de vida para todos sus habitantes.
Uno de los fenómenos demográficos más importantes es la disminución de las tasas de fertilidad en diversos países, particularmente en Europa. En muchas naciones, la fecundidad se encuentra por debajo del nivel de reemplazo generacional, lo que ha provocado procesos de envejecimiento poblacional que comprometen la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, salud y seguridad social. Paradójicamente, millones de personas manifiestan su deseo de tener más hijos de los que finalmente pueden tener.
Esta realidad obliga a replantear las prioridades de los Estados. La seguridad económica debe convertirse en un objetivo central de las políticas públicas. Las personas necesitan empleos dignos, salarios justos y oportunidades reales de crecimiento profesional, resulta indispensable garantizar el acceso a la educación en todos los niveles. Las universidades y escuelas públicas deben fortalecerse para que el derecho a la formación académica no dependa exclusivamente de la capacidad económica de las familias.
La salud constituye un gran desafío para millones de personas al no tener acceso oportuno a servicios médicos de calidad. En numerosos países, los costos de la atención privada y de los seguros médicos resultan prohibitivos para amplios sectores de la población. Por ello, los sistemas públicos de salud deben consolidarse como instrumentos que garanticen atención universal, preventiva y de calidad para todos los ciudadanos.
La igualdad de género está en la agenda demográfica global. Mujeres y hombres deben acceder en condiciones de equidad a las oportunidades educativas, laborales, económicas y de participación social. El cierre de las brechas salariales y la eliminación de cualquier forma de discriminación es exigencia ética y condición indispensable para el desarrollo sostenible.
El crecimiento acelerado de las ciudades, la especulación inmobiliaria, la gentrificación y el encarecimiento del suelo urbano han dificultado el acceso a la vivienda para millones de personas. Toda sociedad que aspire al bienestar debe procurar que sus habitantes cuenten con condiciones adecuadas de habitación y entorno.
Indispensable es fortalecer la salud mental y el empoderamiento social. Cuando las personas carecen de oportunidades de desarrollo, aumentan los riesgos asociados a la exclusión, las adicciones, la violencia y otros problemas que deterioran la convivencia colectiva. La mejor estrategia para combatir estos fenómenos consiste en generar educación, empleo, cultura y participación ciudadana.
Las proyecciones de la ONU indican que para el año 2080 la población mundial alcanzará los 10,300 millones de habitantes, significa que la humanidad deberá prepararse para atender a cerca de 25% más de personas que las que habitan actualmente el planeta. Alimentación, agua, energía, vivienda, movilidad, salud y educación serán recursos cada vez más demandados.
Además, los conflictos armados, las migraciones forzadas y las crisis humanitarias continúan afectando a diversas regiones del mundo. Las guerras generan desplazamientos masivos, alteran las dinámicas de natalidad y profundizan las desigualdades sociales. Por ello, los recursos públicos deben orientarse prioritariamente al bienestar de las personas y no a la confrontación permanente.
La población mundial seguirá creciendo durante las próximas décadas y, paralelamente, el calentamiento global, por ello es fundamental garantizar que cada persona pueda vivir con dignidad, libertad, igualdad, seguridad y oportunidades plenas. Ése es el gran compromiso de nuestra generación y la principal responsabilidad de los Estados en el siglo XXI. ¿O no?, estimado lector.