Libertad de expresión

Pareciera que se disgustó con Julio Scherer, consejero jurídico del Presidente electo, quien heredó de su padre esta revista siendo su fundador; más allá de las interpretaciones que este asunto tenga, y para reflexionar sobre la libertad de expresión, fui convocado a expresarme en un Foro en la UNAM; el anfitrión, Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho; Luis Raúl González Pérez, Ombudsman mexicano y presidente de la CNDH; Francisco Acuña Llamas, presidente del Inai, y la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, junto a distinguidos académicos y politólogos como Víctor Garay, Ricardo Raphael, Roberto Rock, Rodrigo Santiago, Rubén Pérez Sánchez, Rafael Cabrera, Fernando Sosa, Édgar Corzo, etcétera. La libertad de expresión forma parte de los Derechos Humanos de las personas y está protegida por la Declaración Universal de 1948, consignada en su artículo 19; junto con sus corolarios (la libertad de información y la libertad de prensa), la de expresión tutela el derecho que tenemos todos los seres humanos a manifestarnos sin ser reprimidos por lo que decimos y opinamos. Representa la posibilidad de realizar investigaciones, de acceder a la información y de transmitirla sin barreras.

Cierto, el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, en su nombre no se debe incitar a la violencia o al delito. No se deben hacer apologías que alienten la discriminación, el odio o estimular las guerras. La expresión, consecuencia de las ideas y reflexiones, no debe ser censurada al publicarse a través de los medios de comunicación social. El Estado no debe ejercer un control ni antes ni después de su emisión. Los escribanos (libre pensadores) somos muy incómodos para los detentadores del poder al señalar sus abusos, equivocaciones y desviaciones en la función pública, sus omisiones o excesos cuestan dinero y vidas al Colectivo Nacional.

Sabemos que para muchos somos un estorbo, pues gustan de trabajar en el confort de sus mullidas oficinas sin que nadie los perturbe, contravenga o contraríe. Sí, cierto, debemos informar con responsabilidad y seriedad, pero en la práctica observamos la censura y la presión a los periodistas y a las empresas que nos respaldan. Ahí están los casi 140 periodistas asesinados sin que caso alguno se haya resuelto, ¡impunidad total! A la clase política le resulta incómodo informar, explicar sus decisiones y su actuar como servidores públicos, que lo son. Para ello se crearon instituciones autónomas, para protegernos de “los abusadores del poder”, 800 periodistas defensores de Derechos Civiles estamos bajo un Sistema de Protección; programa que impulsaron la CNDH y Segob para paliar los peligros a los que estamos expuestos. México es el país más peligroso del mundo para ejercer la profesión del periodismo.

Los diputados del PT pretenden cambiar a la CNDH y a las de los estados, retomando la figura de la “Procuraduría de los pobres” de 1847, promovida por Ponciano Arriaga. Dicha Procuraduría influyó para la constitución y principios de muchas “defensorías del pueblo” en el mundo, y sirvió de antecedente de la CNDH; y para la creación, en 1985, de Profeco, defensora de los Derechos del Consumidor, donde, por cierto, AMLO laboró en sus años mozos. Así, la Procuraduría de Vecinos de Colima (1983), la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM (1985), la Procuraduría Social de la Montaña, en Guerrero (1988); las Defensorías de los Derechos de los Vecinos de Nuevo León (1979) y Querétaro (1988), y la Procuraduría Social de la CDMX (1989), que atiende los conflictos de los miles de condóminos capitalinos, todas instituciones antecedentes de la CNDH que con gran acierto impulsó Jorge Carpizo McGregor.

El derecho a saber es principio inalienable de las personas, por ello, informar de manera libre e independiente con veracidad debe seguir siendo obligación del Estado mexicano ¿O no, estimado lector?