El próximo Tribunal Electoral
Hace unos días inició formalmente el proceso de renovación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Se trata de una de las decisiones más trascendentes para la estabilidad política del país, toda vez que nuestra democracia constitucional ha concentrado en dicha instancia la última palabra, y definitiva, para dirimir las controversias electorales y la protección de los derechos políticos de los ciudadanos.
En 1987 se dio la primera integración de Tribunal Contencioso Electoral y en 1990 se remplazó por el Tribunal Federal Electoral (Trife), ambos de naturaleza administrativa. En 1996, las fuerzas políticas lograron pactar una reforma fundamental para el desarrollo democrático nacional, que, entre otras cosas, instauró un Tribunal de rango constitucional, especializado en la materia, con plena autonomía y perteneciente al Poder Judicial de la Federación.
A partir de entonces, datan 20 años de construcción democrática que se materializa en miles de precedentes judiciales que han dotado a nuestra vida democrática certeza y estabilidad política. Entre un sin número de casos emblemáticos resueltos por su Sala Superior, destaca por supuesto la calificación de la elección elección presidencial del año 2000 (en la que se dio por primera vez la alternancia de partidos a nivel federal); la compleja decisión del año 2006, en la que se negó la posibilidad de realizar el recuento que exigía el candidato presidencial del PRD, por una diferencia de 0.56% entre el primero y el segundo lugar, entre otros.
Adicionalmente, este órgano ha enfrentado decisiones complejas que hablan de imparcialidad frente a las partes, como han sido la sanciones económicas de las que fue objeto el PAN por “Amigos de Fox”, el PRI por el caso Pemexgate y a otros partidos por malos manejos del financiamiento público y el reporte de gastos. En los últimos cinco años, la actual integración del TEPJF ha trabajado en la potencialización de los derechos político-electorales de los ciudadanos, garantizando la misma protección universal que cualquier otro de los derechos fundamentales previsto en nuestra Constitución.
En las próximas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la delicada responsabilidad de elegir 21 nombres que deberán integrar las ternas que envíe al Senado de la República para la renovación total de esta máxima instancia del sistema democrático. A su vez, la Cámara alta deberá designar por dos terceras partes a los siete responsables de la última decisión en materia democrática a nivel nacional.
Se trata de una decisión trascendente, no sólo por lo difícil que es encontrar a candidatos idóneos para la difícil función de juzgar los asuntos relacionados con el poder político, sino además por la coyuntura a la que se deberán enfrentar sus nuevos integrantes. A partir del próximo 4 de noviembre, los nuevos magistrados tendrán que juzgar y validar por lo menos cinco elecciones constitucionales que se celebraron el pasado mes de junio (de 12 elecciones), desahogar los conflictos de las elecciones estatales del próximo año en Coahuila, Nayarit y el Estado de México. Ésta última se prevé como la batalla electoral más relevante para medir la fuerza electoral de cada partido de cara a las elecciones de 2018.
La próxima era democrática deberá caracterizarse por el particular respeto al trabajo realizado durante los últimos nueve años de los actuales magistrados electorales y, por supuesto, también por mejorar aquellas cuestiones que así lo ameriten. En particular, se deberá preservar la misma protección y vigencia de determinados derechos políticos que han resultado un factor esencial para generar condiciones de igualdad entre los ciudadanos; esto es: seguir luchando por la paridad de género en el acceso a los cargos de elección popular; lograr un sano equilibrio entre el respeto de los usos y costumbres indígenas frente a los principios democráticos más elementales y, por supuesto, consolidar las condiciones de igualdad y proporcionalidad para competir por la vía de las candidaturas independientes.
En el plano institucional, los nuevos jueces deberán seguir trabajando en garantizar la funcionalidad y fortaleza del nuevo sistema electoral mexicano. En particular, deberán consolidar al INE en su papel garante del ejercicio democrático y rector de la vida interna de los partidos políticos, lo cual exige hacer valer con mayor contundencia las obligaciones de los partidos políticos en su calidad de entidades de interés público, en lo que corresponde a la transparencia y rendición de cuentas. Un aspecto fundamental es la actualización de criterios mínimos de calidad democrática en todo el país. Para ello se debe procurar apostar por una correcta articulación del Nuevo Sistema Nacional Electoral, que logren generar la funcionalidad requerida entre las atribuciones del INE, a nivel nacional, y las que corresponden a los organismos locales en la materia.
Sin lugar a dudas, el tema más delicado y trascendente en manos del nuevo Tribunal Electoral será el cuidado y atención a la presidencial de 2018, pues es muy probable que haya un escenario de alta competencia y resultados muy cerrados. Ante esto, resulta fundamental contar con los conocimientos técnicos necesarios, así como con la capacidad para no ceder a presiones ni chantajes, lo cual exige temple para hacer valer la ley y para que se respete la regla máxima de la democracia: gana el poder quien legítimamente más votos gana en las urnas.