Endose de facturas

Los resultados electorales del pasado 5 de junio, reflejaron un ánimo colectivo poco amable con el Presidente de la República y el partido en el gobierno. Las interpretaciones de causas pueden ser infinitas y van desde una lógica de traiciones internas, hasta que la elección fue concebida por una parte importante del electorado como un plebiscito a la gestión de los gobiernos locales del PRI y, por supuesto también, al gobierno de Peña Nieto.

El hecho de que el primer mandatario hoy sólo goce de 36 por ciento de aceptación a sus tres años seis meses de gestión (El Universal, 4 de julio de 2016), no puede desasociarse de los resultados electorales en los que al PRI le arrebatan los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Quintana Roo y Veracruz.

Es falso que el mérito sea de una estrategia de altura del PAN, al haber ganado las gubernaturas de Aguascalientes, Chihuahua y Tamaulipas; mucho menos que fue producto de la alianza PAN–PRD en Durango, Quintana Roo y Veracruz (así como la alianza con el PT y otros en Puebla). El mérito real se debe a que ambos partidos hicieron mucha mejor selección de candidatos (menos quemados, al menos), pero sobre todo, se debió a un discurso efectivo del voto en contra del PRI.

Dicho esto, lo que resulta difícil de entender es que el PRI y el gobierno federal no acusen recibo de la causa principal del malestar social que se vio claramente reflejada en la pasada elección. También que no se analice a fondo que las “candidaturas de unidad” fueron un grave error, toda vez que fue el foco de cultivo de múltiples traiciones, al impedir que se desahogaran procedimientos democráticos que son sumamente sanos y revisten vital importancia en todos los partidos.

No obstante lo anterior, lo que verdaderamente afectó al PRI durante las pasadas elecciones fue la percepción de abuso de poder e impunidad en diversos ámbitos del poder político de los que emanan gobiernos del tricolor. Por lo mismo, llama la atención la tolerancia y permisividad que se han observado ante los zarpazos al decoro político que recientemente se han presenciado por parte de los actuales gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua; quienes, por cierto, son causantes directos de haber hecho perder a su partido en la entidad que gobiernan.

Resulta entonces desconcertante que no se vea una reacción de orden y control por parte de quien le corresponde velar por la armonía del Pacto Federal frente a actos que rayan en lo grotesco del abuso del poder político e ilegalidad, como el denominado “Paquete de Impunidad” que ordenó el gobernador de Quintana Roo para aprobar con su mayoría en el congreso local, una serie de reformas legales con el fin de garantizar el blindaje de la revisión de su gestión y, por supuesto, para que quede intocado. Por si fuera poco, también se aprobó garantizarle la protección de escoltas hasta por 15 años.

Adicionalmente, Quintana Roo y Chihuahua, optaron por la aprobación fast track de créditos millonarios con los que se destina a esas entidades a la bancarrota, debido a que se trata de un endeudamiento del orden de los 22 mil y 6 mil millones respectivamente, que pagarán los siguientes gobiernos hasta por 25 años. Hechos similares son los que pretendía consumar el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, previo al ataque artero del que fueron víctimas el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, el gobernador electo de la entidad, Miguel Ángel Yunes, y el líder panista, Santiago Creel.

Más allá de lo burdo y grotesco que resulta esta clase de abusos de último minuto en el ejercicio del poder local y que queda claro que se deben a las múltiples anomalías, actos de corrupción y abusos de sexenios absolutistas que llevarían a revisar la lógica actual de nuestro federalismo, resulta difícil entender la tolerancia del gobierno federal y de su partido, al permitir que se siga afectando su imagen corporativa; máxime cuando restan escasos 16 meses para que inicie la elección presidencial de 2018.

Por lo mismo, resulta indispensable que el próximo presidente nacional del PRI cuente con la capacidad política y liderazgo que le permitan meter orden en el interior del partido y hacer frente a esos intereses que están afectando los colores y la marca. Lo cual no sólo requiere una urgente alineación de agendas gobierno-partido-sociedad (este último urgente por conectar), sino además de una férrea disciplina de partido y un absoluto respaldo político por parte del Presidente de la República, en el entendido de que naturalmente se le reconoce como jefe político de su partido.

De lo contrario, las mezquindades, traiciones e intereses particulares ya acreditados en las pasadas elecciones, que en ocasiones dieron lugar a disputas del PRI contra el PRI, volverán a endosarle a dicho partido una costosa factura, que muy probablemente le ocasione una desventaja de inicio para mantener la Presidencia de cara a 2018. En consecuencia, la sugerencia sería: manos al asunto.