El premio de las zucaritas

La idea de un Constituyente para la capital del país podría haber sido algo pertinente si hubiera surgido de una iniciativa genuina de los capitalinos y la clase política por arribar a nuevas fórmulas para ejercer el poder político local y el acceso a éste. Sin embargo, la fiebre de necesidad por una nueva constitución, es una más de las frivolidades que han caracterizado al gobierno de Miguel Ángel Mancera y a su equipo de seudo intelectuales que, sin ningún mérito, buscan pasar a la historia a partir de acciones banales y taquilleras.

Basta recordar la cruzada “chavista” de nuestro jefe de Gobierno y su gabinete por decretar el aumento al salario mínimo sin ningún sustento económico serio (proyecto fracasado) o el escándalo por dejar de llamarnos Distrito Federal y transitar al grandilocuente nombre de Ciudad de México. Insisto, un equipo de sesudos asesores que se quiebran la cabeza por lograr hacer de nuestro gobernante una figura histórica de corte nacional, a partir de una propaganda Totalmente Palacio.

En el caso del nuevo eslogan “Asamblea Constituyente de la CDMX” se junta esa hambre de delirio de grandeza de nuestro nuevo Venustiano Carranza (Mancera), con las ganas de comer de múltiples actores políticos que van como borregos a hacer el caldo gordo. Me refiero al nutrido grupo de artistas, juristas, académicos e “intelectuales florero” (término acuñado por Jesús Silva Herzog Márquez), quienes se han prestado a fungir como voceros y redactores del próximo texto fundacional de la capital. Por supuesto ahí también entran quienes por petición o instrucciones del Führer de la ciudad, se prestan al juego de integrar una Comisión Redactora de la Constitución sin atribuciones ni mandato popular alguno.

Dentro de ese nutrido reparto de adherentes del nuevo adefesio constitucional, destaca el penoso papel de quinceañera de la fiesta que ha adoptado el Instituto Nacional Electoral. Con un entusiasmo ridículo, la autoridad electoral que a nivel constitucional es la responsable de tutelar el nuevo sistema nacional de organización de elecciones locales (a partir de la reforma constitucional de febrero de 2014), en vez que haber rechazado una encomienda que claramente no le correspondía, optó por dejarse seducir por las grillas de los partidos políticos y prestarse a usurpar las funciones del organismo público local (OPLE) para organizar y vigilar estos curiosos comicios.

Toda esta demencia colectiva tiene como acto central la hoguera de las vanidades de la que se compone el desfile de quienes buscan estar dentro de los 60 primeros asambleístas constituyentes electos. Lo cual incluye desde varios actores que claramente no destacan por sus dotes artísticas, sino por su capacidad de estridencia, hasta renombrados políticos que ya no brillan de ninguna otra forma e, insisto, sólo nos falta verlos como premio de las zucaritas.

Pues ¿qué podemos pensar de quienes están dispuestos a empeñar, de forma gratuita, al menos cuatro meses de su vida para hacerle el caldo gordo al grupo de chiflados que se inventaron esta elección? Que no tienen nada que hacer, que ya nadie los considera para cosas serias o que padecen de un enfermizo delirio de grandeza. Insisto, se trata de un cargo totalmente efímero y de la nada: nada de redactar un verdadero texto constitucional, pues eso es cosa de Mancera y la Comisión Redactora y; nada de un cargo de elección popular, pues es temporal, meramente honorífico y sin rendición de cuentas.

El dato que más molesta de este mal logrado circo es que formalmente nos estará costando la modesta suma de 550 millones de pesos (Sí, leyó usted bien: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS), sin considerar el dinero informal que circula en todo proceso electoral y que no se reporta, por lo que hay que calcular otro tanto (es decir, del orden de MIL MILLONES DE PESOS). Dinero que en este caso sale de nuestros impuestos y en un par de meses irá a parar en un inmejorable legado titulado “Tu Constitución”.

Despilfarro que agravia e indigna porque revela nuevamente la banalidad política en el orden de las prioridades ante los graves problemas que hoy –más que nunca– aquejan a la Ciudad de México. Cabe preguntarse si estos más de 30 millones de dólares que costará el invento constitucional no estarían mejor invertidos en contratar un equipo de talla mundial que diseñe políticas públicas efectivas para reducir la contaminación ambiental, la escasez de agua o los problemas insolubles de la vialidad por los que día a día padecen los capitalinos.

Desgraciadamente, frente a la cosquilla de pasar a la historia por casi nada y al ansia de figurar a costa de lo que sea, ese análisis costo–beneficio en pro del ciudadano no sólo no es atendible sino que es repudiado por adoptar el papel del aguafiestas. En consecuencia, este jolgorio ramplón sólo entusiasma a quien no figura ni ha figurado por sus méritos, a quien no tiene problema en dejar de trabajar por cuatro meses (o trabajar sin goce de sueldo) o a quien para ganar un poco de reflector se presta a aparecer como premio en la caja de las zucaritas. Dicho lo cual, espero hayan sido claras mis razones para anular mi voto en tan encomiable proyecto de la CDMX.