¿Quién quiere ser brasileño?
La crisis política desatada desde hace unos meses en Brasil, y que hace unas horas ha delineado el final definitivo del mandato de la presidenta Dilma Rousseff, es un conjunto de claroscuros que proyectan, desde la máxima podredumbre de un sistema político, hasta las bondades de mecanismos efectivos para retirarle el poder a un jefe de Estado que ha erosionado la confianza de sus gobernados y de la clase política.
La tragedia que vive Brasil se puede ver desde la óptica de la debilidad de sus instituciones, que llevan a derrocar a una gobernante electa por la vía democrática, o la fortaleza de sus mecanismos constitucionales de emergencia para restituir el poder público, cuando ya no existen condiciones para ser gobernado por quien detenta el Poder Ejecutivo.
¿Qué hizo Brasil para llegar hasta esta debacle? Las causas pueden ser múltiples y queda claro que no son atribuibles exclusivamente al mandato de Rousseff, pero también que corresponden a una tolerancia social e institucional, producto de la podredumbre política a través del tiempo. Tal situación conduce preguntarnos: qué parecido guarda con México y su sistema político. Y la respuesta, me temo, es mucho. La descomposición social, que es producto de la tolerancia a la desigualdad social, más la septicemia de corrupción de una clase política anquilosada en el poder, sumada al desprestigio y deslegitimación de las instituciones públicas y democráticas dan como resultado lo que hoy está viviendo el gigante del cono sur.
A Brasil, al igual que a México, se le ha catalogado como una promesa en vías de transición a la democracia. A Brasil, al igual que a México, se le ha visto a nivel mundial como una economía emergente con alta potencialidad, debido a su amplio patrimonio natural, cultural, turístico y, sobre todo, potencial humano. Brasil y México son ricos en sus reservas petroleras y cuentan con un gran potencial en el sector energético a nivel mundial.
Sin embargo, desde hace décadas ambas naciones encuentran similitud en los problemas históricos y sistémicos que, con todo y esas indiscutibles ventajas, simplemente no nos dejan avanzar. Brasil como México tienen un sistema de partidos y de representación política desprestigiado, inestable y cada vez más alejado de los intereses de la sociedad; Brasil como México padecen un mal endémico, que es su clase política arribista, corrupta e incompetente, la cual se ha vuelto cada vez más tolerada; Brasil como México han padecido un despilfarro histórico de sus recurso naturales, producto de las preocupaciones del presente y sin mirar al futuro, lo cual, por ejemplo, incluye la forma distorsionada de ser concebida como moneda de cambio y fuente infinita del gasto público.
Ahora bien, hoy existe una diferencia fundamental entre Brasil y México: La capacidad de su sistema constitucional de expulsar a un gobernante no deseado, por las vías institucionales, para restablecer la confianza social a través de la renovación del poder político que detenta el Ejecutivo federal.
No parece algo cercano ni probable que en el sistema constitucional mexicano pueda existir una transformación efectiva de la oxidada figura del juicio político, para convertirse en un mecanismo efectivo de revocación de mandato que genere incentivos de reacción ante las crisis políticas, de contención frente al malestar social o, inclusive, de depuración para desatrofiar el sistema político por hechos o circunstancias que atañen al poder presidencial. Queda claro que nuestros partidos políticos no apuestan a esa reingeniería constitucional, pues es altamente probable que de existir en México una figura de revocación de mandato o de un impeachment propio de esta época, los últimos tres presidentes de la República (incluyendo el actual, por supuesto) no hubieran contado con las condiciones para terminar su mandato.
Esa resistencia del sistema político nacional para revisar la figura del jaque mate al poder presidencial, ocasiona una resignación social altamente nociva, que consiste en que aun cuando esté erosionada la legitimidad democrática que llevó al poder al Presidente en turno, y con todo y que existan evidencias de abusos o de un mal manejo en el ejercicio de sus funciones (hipotéticamente: actos de corrupción, conflicto de interés, mentiras a la nación), no queda otra opción más que esperar a que termine su mandato, a sabiendas de que durante y después del cargo gozará de total impunidad.
Ante tal escenario, la crisis política que hoy vive Brasil, independientemente de las graves consecuencias e inestabilidad que le ocasionan, es síntoma de algo positivo: la esperanza de extirpar la podredumbre del poder presidencial y de que se renueve la institución antes de que siga causando males peores. En tal sentido, vale la pena preguntarse: ¿quién quiere ser brasileño?, a lo cual, probablemente, hoy respondería que sí.
Contrarréplica
En la sección Yo Lector de Excélsior, correspondiente a la semana pasada, el señor Humberto Moreira, en uso legítimo de su derecho de réplica, responde a mi artículo publicado en este mismo espacio el pasado 29 de abril, señalando que es falsa y gratuita mi afirmación sobre que “ha evadido fácilmente a la justicia con una sonrisa”. Al respecto, sólo le puedo decir que mi nota explica por qué existe una apuesta por mantener un statu quo en el combate a la corrupción, lo cual a mi juicio se resume en garantizar la impunidad de algunas personas ligadas al poder político. Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el significado de impunidad es algo “que queda sin castigo”. En consecuencia, respeto el punto de vista del señor Moreira y que el lector saque su propia conclusión.
