“Amarre a sus perros” (II)

A semanas de haber presenciado el show de un mequetrefe, que se le denomina Lord me la pelas y del gorila que atacó al funcionario público de la Miguel Hidalgo, hoy nos volvemos a encontrar con dos graves episodios que confirman la necesidad urgente de actuación de un fenómeno que se ha vuelto incontrolable y peligroso para los derechos ciudadanos: los guaruras.

El primer caso es el del nuevo despreciable mirrey,  un tal Alberto Sentíes Palacios, quien fue captado por un ciudadano, al circular de forma casual en un Ferrari, con valor de casi 300 mil dolares, se detuvo tranquilamente a presenciar cómo su guarura atacaba brutalmente a un joven y lo despojaba de sus pertenencias. Por cierto, ¿no será sospechoso para la PGR que un tipejo así conduzca un coche de ese valor y nadie sepa de cuál cloaca salió? El segundo caso tiene que ver con un incidente que se presentó en la delegación Tlalpan y que fue poco difundido, tiene que ver con un ciudadano que ha decidido reservar su identidad (Juan N), quien recibió tres balazos de parte de estos chimpancés del asfalto chilango, por reclamarle a otros guaruras de haberle golpeado el espejo de su vehículo.

El tema de fondo no es la nota roja de estos lamentables incidentes, sino entender como sociedad qué tragedia deberá de ocurrir para que las autoridades, de inmediato, tomen cartas en el asunto y retiren a estas armas mortales, que son esta plaga indiscriminada de escoltas. Se trata de una omisión deliberada del Estado, al permitir que terceros autorizados violenten el derecho universal a la integridad de la persona, así como de romper el derecho constitucional a la igualdad por tolerar que la seguridad privada de unos cuantos vaya en detrimento de la seguridad pública de todos.

Según fuentes de la SSPDF en la capital circulan 30 mil escoltas, algunos oficiales y otros privados. En su mayoría, se trata de una re-nata de individuos que han pertenecido a corporaciones policiacas o a las fuerzas militares, pero se desconocen las causas reales de sus bajas. Por lo mismo, en ocasiones suelen ser los responsables de redes delictivas de asaltos, secuestros y asesinos a sueldo. Esta peligrosa proliferación de sujetos con licencia de matar, no hace más que confirmar la irresponsabilidad de las autoridades federales por no ejercer un control en el otorgamiento de licencias colectivas para poseer y utilizar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Lo cual hace imposible contar con la certeza de que quien detenta una pistola o fusil bajo el amparo de estas licencias chocolate esté capacitado y certificado en las normas elementales de confianza.

No es novedad que en nuestra Banana Republic, los miembros de la clase política tenga un séquito de escoltas oficiales, como elemento decorativo para agrandar su poder político real. Resulta impensable que quien participa en este régimen de caricatura no cuente con un ejercito ambulante propio detrás de su persona, independientemente de que lo amerite.

Hace unos meses presencié en Madrid la llegada del jefe de gobierno español a un evento social, quien venía a bordo de un auto Citroën (mediano), atrás de él venía otro vehículo idéntico con tres escoltas siguiéndolo. Un experto en seguridad me explicó que la razón de que tuviera un aparato de seguridad tan discreto es debido a que utilizaban un método mucho más efectivo y prudente (para efectos sociales), el cual consiste en videovigilancia a través de las cámaras de la ciudad. La pregunta aquí sería si aplicando el método español, las cámaras que destinó Mancera para enriquecer a unos amigos privados y recabar dinero fácil con las nuevas fotomultas no podrían servir mejor para sacar de circulación a, por lo menos, cinco mil autos de escoltas que, literalmente, nos estorban a todos los capitalinos.

No podemos esperar gran cosa del gobierno federal ni mucho menos del de la CDMX para que surja una verdadera iniciativa de controlar de tajo esa epidemia de sujetos que  diario atentan impunemente contra la ciudadanía y se adueñan de los espacios públicos, dado que son ellos los primeros en usufructuar el influyentismo que les otorga el beneficio de traer escoltas.

De ahí que lo que se requiere con urgencia como método de supervivencia en contra de la “guarurada” pública y privada, es que, tanto el legislador federal como la ciudadanía, generen las medidas legales y presión social para que se obligue a los beneficiarios de los escoltas a responsabilizarse y asumir las consecuencias de los abusos que cometen sus subordinados. También es urgente publicar un padrón que permita fácilmente identificar a aquellos que ejercen la actividad de escoltas, así como que se acredite que están certificados para cumplir con un catálogo de conducta a favor de los derechos de terceros.

Situación que resulta similar al hecho de que si ustedes son dueños de perros y saben que sus animales son violentos y no se saben comportar, entonces mejor: “amarre a sus perros”.