“Amarre a sus perros”

En los últimos años, las principales ciudades del país se han visto invadidas por una plaga de individuos que, en su inmensa mayoría, resultan ser amenazantes, majaderos y autoritarios en contra de los transeuntes.

Se trata de un fenómeno social que en muchas ocasiones resulta ser un elemento decorativo de la nueva élite vulgar y arribista (denominados Mirreyes, quienes ostentan una presunta superioridad con aplastar los derechos viales y básicos de otras personas.

Hoy resulta totalmente común que el transeúnte tenga que tolerar y ser precavido de no reaccionar a las violaciones sistemáticas a normas de tránsito que cometen estos vándalos con placa y pistola, a sabiendas de la evidente desproporción de fuerzas que existe.

La portación de armas de estos individuos resulta ser de alto peligro para la población, toda vez que las empresas que ofrecen este tipo de servicios gozan, en su mayoría, de licencias colectivas para otorgar armas a sus escoltas. Situación que deja en absoluto misterio el grado de responsabilidad,  adiestramiento  y confianza en quien recae la potestad de jalar el gatillo. Se trata pues, de una auténtica irresponsabilidad del Estado, al otorgar a la ligera concesiones de la seguridad pública que fácilmente se traducen en licencias para matar.

Esta privatización o renuncia del Estado a sus atribuciones constitucionales de preservar la seguridad pública de la que debe gozar todo ciudadano (y no sólo la élite), se ha convertido en un avasallamiento de los derechos de la inmensa mayoría. Más allá de los funcionarios públicos que realmente corren riesgos por la naturaleza de sus funciones y que, en consecuencia, les corresponde contar con este tipo de protección personal, así como quienes están debidamente identificados por la ley como sujetos de amenazas reales (llámese periodistas amenazados, testigos protegidos, etc.), el resto no es más que una horda de influyentes que representa una clase política y élite económica vulgar y aspiracional.

Lo curioso de todo esto es que no coincide el nivel de importancia de los individuos autorizados a cargar con sus propios ejércitos privados con el nivel de relevancia pública o riesgo inminente que realmente corren. Pues cabe preguntarse: ¿quién conocía antes a este singular individuo del señor Libién? y ¿con qué méritos cuenta para que merezca contar con una licencia de protección de este tipo?, más allá de ostentarse como dueño de un panfleto que se especializa en promover a políticos bananeros y asumir que esas relaciones lo convierten en un sujeto impune.

Ahora bien, el caso concreto del ataque al funcionario público de la delegación Miguel Hidalgo resulta paradójico, toda vez que el nivel de amenaza y riesgo real de violencia ya no sólo se limitan al ciudadano de “a pie”, sino que ahora también incluyen a aquellos que detentan la autoridad del Estado.

De ahí que el caso del “Lord me la pelas” merezca una especial atención, pues si se vuelve a dejar impune un incidente de este tipo, será la claudicación de la justicia y del propio Estado a favor de estos pueriles  Mirreyes. Situación que caería en franca contradicción con la norma constitucional que dice: “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, lo que, además, resulta ser una abierta invitación para que cada individuo se arme hasta con los dientes a fin de proteger su integridad y la de su familia.

Vale la pena hacer mención de la reciente iniciativa del alcalde de Bogotá —y no del de la Ciudad de México— para regular los abusos indiscriminados que también en aquella ciudad andina se presentan a diario en contra de la población. Enrique Peñalosa ha emitido una serie de disposiciones que imponen normas estrictas destinadas principalmente para los sujetos VIP que se benefician de contratar o poseer los servicios de escoltas. Por ejemplo, la prohibición expresa de invadir espacios públicos (es decir, estacionarse en segunda fila) y  la obligación de pagar indistintamente estacionamiento mientras esperan a sus patrones. La consecuencia de acreditar el incumplimiento a estas normas o de  violentar los derechos de terceros consiste en la  cancelación de licencias por parte del Estado.

Se trata de normas básicas de civismo que, debieran ser de sentido común y que corresponden principalmente a quienes reciben la protección de escoltas, pues son quienes realmente deben responder y ser responsables. Sin embargo, eso es mucho pedir para  las élites mexicanas que viven sedienta de ostentar un estatus de superioridad  con el abuso y falta de respeto de sus escoltas; motivo por el cual aplica la analogía  y sentido común de la frase: “amarre a sus perros”.