Cultura vial
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, ha tenido a bien regalarle a sus gobernados un nuevo Reglamento de Tránsito plagado de absurdos, incongruencias y vicios de legalidad. En los setenta artículos que comprende el Reglamento de Tránsito, el doctor Mancera parece que ni siquiera leyó lo que aprobó y publicó, pues, de lo contrario, habría que dudar de la casa de estudios que le otorgó ese doctorado en derecho.
A cualquier estudiante de derecho —de primeros semestres— se le enseña que las normas legales se distinguen con respecto de otras por su carácter general, abstracto y deóntico. Este último concepto significa que toda norma legal conlleva un deber ser, pues, de no ser así, se trata de un enunciado potestativo que no obliga sino sugiere o recomienda conductas. En consecuencia, las normas deben conllevar un elemento que genera obligación o sujeción a una conducta que debe ser determinada e irrenunciable.
En reglamento que ahora rige las conductas de los distintos tipos de conductores de vehículos, transeúntes y autoridades de la vialidad, está lleno frases como “de ser posible” o “preferentemente”; es decir, de artículos que invitan y no obligan a determinadas conductas. Los genios legales del Distrito Federal ahora optan mejor por recurrir a los jeroglíficos como método didáctico para hacer valer las disposiciones de tránsito, pues de las 95 páginas que conforman la disposición legal, 35 de ellas las componen artículos de ley y las sesenta restantes son dibujos explicativos.
Todas las deficiencias legales apuntadas serían minúsculas si viéramos que realmente existe una intención de generar una cultura de la vialidad a partir de la incultura que padecemos en esto que se ha convertido en el infierno de asfalto. Sin embargo, la única preocupación de Mancera es generar medidas efectivas de recaudación, a partir de normas restrictivas en las que, hasta el conductor más pulcro, podrá ser sujeto de una sanción. Ejemplo de ello es la sanción a quien pise mínimamente las rayas del paso de peatones, siendo que, a causa del tráfico de la ciudad, el conductor involuntariamente se queda atrapado en esos espacios.
Otra cosa que sorprende es que el principal destinatario de las nuevas sanciones del reglamento seguirá siendo el ciudadano que paga anualmente sus derechos de tenencia, verificación, licencia, segundo piso, etcétera. Por supuesto, nuevamente quedan exceptuados de la ley las mafias de microbuses y taxis pirata que se siguen tolerando. Nadie se opone al cumplimiento de reglas que mejoren la convivencia en las calles de la ciudad, pero resulta del todo cuestionable mientras exista esa evidente tolerancia de permitir que circulen impunemente esas horrendas máquinas verdes que recogen pasaje y que atentan contra la integridad de millones de pasajeros, peatones, ciclistas y conductores.
Se trata de una iniciativa más de Miguel Ángel Mancera, que se caracteriza por ser cosmética, superficial y populista. Pues en ese ánimo de llenar rápidamente las arcas de la capital a través de imponer multas viales, consciente o inconscientemente, genera incentivos y alienta a la comisión de un mal mayor que los capitalinos padecemos a diario: la corrupción de las autoridades de Tránsito.
Resulta curioso que el jefe de Gobierno no tenga presente que, así como las normas sirven para combatir la corrupción, también pueden servir para incrementarla. Lo cual ocurre con el nuevo reglamento, toda vez que resulta más que previsible que, ante sanciones y cargas desmedidas, tanto las autoridades como el infractor buscarán recurrir a los esquemas tradicionales de transacción informal (la denominada mordida). Máxime cuando los agentes de Tránsito facultados para imponer las multas seguirán siendo los mismos corruptos e inescrupulosos funcionarios que diariamente sangran al conductor que olvidó que no circulaba, que se le venció la verificación o cualquier falta menor subsanable con una multa moderada.
En ese sentido, menos mal que las nuevas disposiciones del doctor Mancera nos aclaran que “los agentes que violen lo establecido en este Reglamento… sin que medie infracción de tránsito alguna… se les aplicará las sanciones correspondientes” (artículo 70). Desafortunadamente era mucho pedir que, a la par de la aprobación del Reglamento de Tránsito escandinavo aprobado, el jefe de Gobierno se diera a la tarea de ofrecerle a sus gobernados medios efectivos de denuncia y de sanciones para los policías de Tránsito corruptos y que abusan de la autoridad; mucho menos pedirle que diseñe un sistema de carrera que profesionalice y dignifique una profesión tan repudiada y carente de toda confianza ante los ojos de la ciudadanía.
En este mar de los absurdos de las disposiciones de tránsito, destacan, por mucho, las facilidades que existen para sacar o renovar una licencia de conducir. Es decir, que antes de proponer la sanción al incumplimiento de las reglas de vialidad no exista una mínima preocupación de la autoridad por cerciorarse de que quienes detentan un permiso de conducir realmente conocen las reglas y tienen las capacidades elementales para poderlo llevar a cabo.
Éste es el mejor ejemplo de que el interés y apuesta del jefe de Gobierno con su nuevo Reglamento de Tránsito no es generar una convivencia más sana, armónica y ordenada que permita transformar la cultura de la vialidad en las calles de la capital. Sencillamente se trata de un zarpazo para generar ingresos fáciles y rápidos, lo cual, además de generar dudas en los conocimientos del doctor Mancera con respecto de la naturaleza y finalidad de las normas, refleja la falta de visión de gobierno y desdén por el interés de sus gobernados.