Con la ofensiva legal por la muerte de migrantes, México parece entender la lógica inversa de Trump: cuando sus ataques rebasan al gobierno, lo central no son sus discursos infamantes, sino aquello de lo que intenta distraer para ocultar lo que ocurre y reducir el costo electoral, único disuasivo real frente a sus agresivas políticas antiinmigrantes.
Las detenciones ilegales continúan con la luz verde de la Casa Blanca a redadas y retenes del ICE, pese a severos cuestionamientos en EU y denuncias penales de México por la muerte de 17 connacionales bajo custodia migratoria. Pero será cada vez más difícil ocultar la brutal impunidad con que actúan para cumplir la promesa de deportaciones masivas.
El gobierno mexicano no podía callar ante estos casos de muertes que, en esta administración, superan los registrados en su primera presidencia. La escalada de la queja diplomática al litigio legal quizá debió llegar antes de que Sheinbaum fuera rebasada por sus ataques. Aun así, es un giro necesario para mantener la atención sobre las violaciones a derechos humanos de migrantes y equilibrar, en parte, una política con que Trump eleva otras exigencias de comercio y seguridad.
En réplica, México ha elegido la revisión formal del T-MEC —tras la negativa de extenderlo 16 años—, para presentar 20 denuncias penales ante fiscalías estatales por la muerte de mexicanos en manos del ICE. Además, la FGR pidió formalmente al Departamento de Justicia abrir investigaciones e informar sobre cada expediente. La estrategia pone la lupa sobre el ICE para exponer lo que Trump busca invisibilizar del uso excesivo de la fuerza para proteger a sus agentes.
La presentación es sólo el primer paso de un largo recorrido por el laberinto judicial y deberá pulsar los botones adecuados para llegar a juicios. Es un esfuerzo complejo que debe tener un equipo sólido para evitar un desastre como la comparecencia del Estado mexicano sobre la reforma judicial ante la CIDH; contratar buenas firmas de abogados, destinar recursos y trabajar las demandas con las familias de las víctimas.
Por ahora, permite retomar la iniciativa y enfrentar la lógica de Trump de tapar violaciones con distractores, sumar acciones penales, presión política y mecanismos multilaterales, como la intervención del alto comisionado de la ONU para derechos humanos. Antes que resultados legales, la clave de la iniciativa de judicializar las muertes de migrantes es mantener viva la atención de la opinión pública sobre un tema que hiere la conciencia de un país que se precia de defender los derechos civiles mancillados por las políticas antiinmigrantes y la brutalidad de sus agentes. El discurso racista de Trump explota el temor demográfico de la población blanca de que las minorías sean mayorías en 2050 y perder el dominio político.
Los tribunales han sido solitarios contrapesos a algunas políticas de Trump, aunque el verdadero freno a violaciones de derechos humanos y civiles es el costo electoral. De ahí la importancia de mantenerlas visibles. La mayor frustración de gobiernos como el de EU es que los crímenes no se puedan ocultar con maniobras de distracción. Podría buscarse un dique legal para que el FBI deje de investigar denuncias contra agentes del ICE y las indagatorias pasen al Departamento de Seguridad Nacional, según The New York Times. Eso equivaldría a permitir que la agencia migratoria se investigue a sí misma.
La medida sería otro obstáculo para la estrategia legal mexicana, porque la Seguridad Nacional no tiene atribuciones para investigar violaciones a derechos humanos. Pero ni guerras, campañas contra la migración ni batallas ideológicas bastan para ocultar la crisis civil que ha abierto en la conciencia de un país que se define como nación de migrantes.
Las protestas contra el ICE en EU fueron impulsadas por el asesinato de Renee Good a manos de un agente en Mineápolis y, recientemente, por las muertes del mexicano Lorenzo Salgado y el colombiano Joan Sebastián Durán. Aunque obligaron a extremar la cautela en los operativos e incluso a pausar retenes, la Casa Blanca autorizó su continuidad.
El gobierno mexicano acertó al llevar a tribunales un conflicto estancado en notas diplomáticas y desatendido por la protección del ICE. Es una iniciativa necesaria que la oposición aún no entiende cuando le escatima respaldo por cálculos internos, sin ver el costo de las verdaderas amenazas para el país.