Militares degustan “manzana envenenada”

No obstante, casi ninguna autoridad se atreve a confesar sus inconvenientes, por el contrario, gobernadores como el de Coahuila, Riquelme, o Durango, Aispuro, agradecen al Presidente la presencia del Ejército, a pesar del conocimiento de la última ejecución de un civil en Tamaulipas. Como muchos en el mundo político, insisten en abrirles la esfera civil sin reparar en constantes denuncias sobre excesos en el uso de la fuerza, falta de resultados para controlar el delito y la violencia en el país; y también denuncias de malos manejos en encargos en la administración y obras públicas.

El último caso de abuso militar se conoció esta semana con el video de un militar ordenando la ejecución de una persona en la caja de una camioneta, luego de ser atacada por soldados en la persecución de presuntos criminales el pasado 3 de julio. Esas imágenes de violaciones a derechos humanos por excesos del uso de la fuerza letal son muy preocupantes, aunque no nuevas. Pero ninguna ha servido para frenar su desembarco en terrenos civiles, en los que avanzan como proyecto transexenal desde la década de los 90. Desde Ernesto Zedillo comenzaron a asumir tareas de seguridad pública, como instalación de puntos de revisión en carreteras y lucha contra el narco con el Grupo de Fuerzas Especiales.

Con el actual gobierno, las Fuerzas Armadas han desplazado a mandos civiles en 13 actividades sustantivas que van desde la seguridad pública hasta la edificación de obras y la atención sanitaria o del Parque Ecológico de Texcoco, en los terrenos del NAIM. Además de la militarización, por decreto, y el remplazo de la Guardia Nacional en mayo pasado, López Obrador les ha encargado proyectos centrales de su administración, el Aeropuerto de Santa Lucía, Banco del Bienestar, Dos tramos del Tren Maya y la administración de puertos y aduanas. Su gobierno ha desplegado 61,795 elementos, cantidad muy superior a las anteriores de Peña y Calderón y, como consecuencia, el Ejército y la Marina recibieron, en el primer año del sexenio, 13,000 millones más que el último año de Peña Nieto.

Su irrupción en el mundo civil ha sido constante, tanto como su reclamo de dar forma legal a sus tareas. Baste recordar su reclamo desde 2008 de una ley de seguridad que legalizara sus funciones, la de seguridad interior, derogada por la Corte, y la reforma de la GN, así como las recientes críticas del general Sandoval al sistema judicial por no cumplir sus funciones. Si ya entre 2013 y 2019 —como revela El País— el Ejército usó empresas fantasma para modernizar aduanas, su creciente presencia en las obras más importantes de López Obrador lo colocan en zona de riesgo de la que su imagen y prestigio pueden salir lesionados por la corrupción y la ineficacia para hacer funciones ajenas a sus mandatos constitucionales. Además, choca con la prioridad del gobierno en el combate a empresas que emiten comprobantes fiscales para cubrir operaciones simuladas o inexistentes. Los peligros se multiplican por adjudicaciones directas en las obras públicas y el encargo de operar sitios carcomidos por la corrupción, como aduanas y puertos, bajo justificación de la seguridad nacional.

Sin embargo, su presencia, desde gobiernos anteriores, no ha reducido la alerta en Manzanillo y Lázaro Cárdenas por la entrada de fentanilo y precursores para la fabricación de metanfetaminas en Jalisco y Michoacán. Ahora, con el control de las capitanías, el peligro no es sólo la falta de resultados, sino corromperse. Aun así, la cúpula militar no ceja, desde 2008, de reclamar mayor certeza para sus nuevas funciones civiles y sigue degustando la “manzana” de su expansión, aunque esté envenenada.