Sinaloa necesita recuperar la gobernabilidad para abrir una oportunidad de paz. Pero la salida no puede ser una pax narca que sólo estabilice al estado en apariencia y simule condiciones para las elecciones de 2027, mientras sigue intacta la sombra de impunidad de Rocha Moya y su grupo político.
Ese sería el peor mensaje para el gobierno que surja de las urnas, aunque supusiera una estocada final al “rochismo”. Sería asumir que la inmunidad es la regla del poder y que la paz puede construirse sobre un estado sometido por el miedo, la extorsión y el control territorial del crimen. Una calma pactada no sería paz, sino una tregua de la guerra intestina del Cártel de Sinaloa.
Contener la insubordinación de Rocha Moya era una decisión obligada para el gobierno federal ante el laberinto de diversas violencias en que se perdió la gobernabilidad en Sinaloa, y el frente que abrió con EU. Pero someter al gobernador no resuelve una crisis que viene de antes de Morena y cuya profundidad quedó expuesta por las denuncias sobre la intervención del crimen en la elección en 2021.
La presidenta Sheinbaum logró contener la rebelión, pero al hacerlo asumió una responsabilidad mayor. El respaldo compacto de Morena y la concentración de poder en el gobierno la colocan como actor decisivo para dejar de pagar el costo político de la impunidad y llevar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones de corrupción contra políticos locales señalados por denuncias internas y fiscales de EU.
Ahora tiene todo el poder para actuar, como demostró al someter a Rocha Moya. En estas condiciones, persistir en la inacción convertiría un triunfo político en otra derrota del Estado. Sheinbaum ha expresado su apoyo a la gobernadora interina, Graciela Domínguez, y la necesidad de recuperar la gobernabilidad de Sinaloa hacia las elecciones de 2027. La pregunta es ¿qué tipo de gobernabilidad?
El primer compromiso de Domínguez fue colocar la paz como máxima prioridad. ¿Eso implica desmontar redes de Rocha Moya, desplazar a su equipo y limpieza institucional? Al recibir el cargo pidió el respaldo de toda la fuerza del Estado para recuperar la confianza de una sociedad atrapada en una guerra con más de tres mil muertos y cuatro mil desaparecidos desde el secuestro del El Mayo Zambada.
Ahí aparece la principal contradicción del interinato. Domínguez carga con cuestionamientos por su cercanía política con Rocha Moya y haberlo impulsado en 2021 en una elección que ganó con denuncias de intervención del crimen a su favor. También se le considera parte del entramado político del gobierno saliente, aunque su trayectoria en la izquierda anteceda al “rochismo”.
La decisión de Morena de optar por un relevo de perfil centrista y preservar los equilibrios con la clase política local puede facilitar la transición. Pero derivar en no tocar nada que pueda hacer caer el castillo de naipes construido durante años, mantener los equilibrios, evitar conflictos y no levantar demasiado polvo para garantizar gobernabilidad en el corto plazo, pero dejar intactas las condiciones que produjeron la crisis.
No obstante, el verdadero objetivo de su encargo está en 2027: llegar a las elecciones con un candidato de Morena desvinculado del “rochismo” y sin las acusaciones de EU que hoy pesan sobre el grupo gobernante, como la que la aspirante que perfilan, la senadora Imelda Castro. Al respecto, el riesgo es construir una paz electoral, suficiente para ir a las urnas, no para recuperar el Estado.
Sinaloa necesita algo distinto. No se trata de capitular ante cada requerimiento de las fiscalías estadunidenses, sino de investigar con autonomía y por interés nacional.
Si el interinato sólo se propone bajar la violencia para llegar a 2027, habrá administrado la crisis. Si comienza a limpiar instituciones y cerrar el paso a la intervención criminal en la política, pondrá mejores bases para lo que venga. De lo contrario, Sinaloa repetirá una elección aparentemente libre sobre un terreno condicionado por el crimen. Y entonces la pax narca sería una forma de supervivencia política.