La polarización política y la persistencia de viejos vicios partidistas plantean una pregunta central: ¿cuándo terminarán por socavar las instituciones electorales? La confianza en las elecciones costó sangre, sudor y lágrimas de décadas de lucha contra el fraude y las trampas, pero las dirigencias partidistas olvidan demasiado pronto ese camino.
No son nuevas las campañas adelantadas sin costo político para los partidos ni los artificios retóricos de morenistas y panistas de nombrar como “coordinaciones” a los destapes de candidatos que comienzan en las gubernaturas. Tampoco los métodos opacos de selección de candidaturas. Estas prácticas los fueron alejando de la ciudadanía que impulsó la alternancia, y que ahora también comienza a distanciarse del dominio mayoritario de Morena.
La novedad es que la simulación política no se limita a la vida interna de los partidos, sino que se extiende a una competencia cada vez más alejada de las reglas.
El problema se agrava cuando la permisividad alcanza al árbitro y las faltas quedan sin sanción. El razonamiento ciudadano es simple: si no se hacen cumplir las reglas ni la ley en la competencia partidista, ¿qué garantiza que la elección se organizará bien y que los votos serán respetados?
Las autoridades electorales entran así en la misma zona gris de la simulación. Las candidaturas para 2027 vuelven a exhibir viejas prácticas que amenazan las sucesiones estatales y de alcaldías. La pregunta ya no es hasta dónde llegarán los partidos, sino cuánto podrá tolerar el árbitro sin comprometer las elecciones.
El INE llega a 2027, cuando se renovará el tablero político con la elección de 19 mil cargos. Su maquinaria había funcionado pese a la confrontación política. Ahora enfrenta una profunda reconfiguración laboral y la salida masiva de 836 trabajadores, que se justifica por la política de austeridad pese a ser las elecciones más caras.
Además, su Consejo General muestra división ante medidas que debilitan la certeza electoral: cambios en criterios para contabilizar boletas, menor vigilancia sobre la estructura que cuenta los votos, y controles insuficientes sobre la independencia de los observadores. Aunque se presenten como ajustes técnicos, en una elección bajo sospecha toda reducción de controles se convierte en munición política.
Los riesgos aumentan en un contexto de polarización y hegemonía política. Si el reparto de cuotas entre los partidos erosionó la confianza y alimentó acusaciones de fraude como en 2006, hoy la concentración del poder puede generar el efecto opuesto: instituciones demasiado débiles para hacer cumplir las reglas frente al partido dominante.
La polarización ha alcanzado al Consejo General y erosiona otro pilar de la legitimidad institucional. El INE llegó a 2024 con niveles aceptables de confianza para organizar la elección presidencial. Después, algo comenzó a cambiar, como su mismo color oficial, del rosa de aquella época al morado, y ahora a un gris que representa más a la opacidad que a la neutralidad.
La controversia por la sobrerrepresentación legislativa de 2024, que dio a Morena y sus aliados el control del Congreso, aceleró la pérdida de confianza de la oposición en el INE. Su permisividad ante las denuncias judiciales profundizó esa percepción. La paradoja es incómoda: Morena, que denunció la captura de las instituciones electorales, hoy se beneficia de decisiones que la oposición considera igualmente parciales.
Debía ser un contrasentido para Morena. Una de sus banderas fue combatir la cooptación institucional. Hoy, la opacidad en la selección de candidaturas amenaza con reproducir aquello que el movimiento prometió erradicar.
La democracia no comienza el día de la elección, sino cuando las reglas se cumplen antes de llegar a las urnas. Si el árbitro electoral deja de sancionar la simulación, tarde o temprano la ciudadanía dejará de confiar en los resultados.