Continuismo en “humo blanco” de la UNAM

En días saldrá humo blanco de la Junta de Gobierno de la UNAM con el anuncio del habemus rector, aunque no necesariamente signifique nuevos tiempos. El continuismo de las elites universitarias que dominan la máxima casa de estudios es la tendencia que marca el relevo en Rectoría, aún en épocas de ruptura de la 4T con algunas instituciones autónomas.

Ni cambios significativos ni rupturas, a pesar de augurios de sacudida interna y temor a injerencias a su autonomía frente al gobierno de López Obrador y otros actores políticos. El rector Enrique Graue llegó en la era de Peña Nieto y logró reelegirse en 2019 en un ambiente de agitación estudiantil contra la violencia de género, que paralizó a 11 planteles y facultades, así como de inconformidad con su segundo mandato, pero lo superó.

La pandemia apagó la protesta. No así subsecuentes críticas de López Obrador de una deriva “derechista” en la UNAM y la acusación de solapar a gobiernos “neoliberales”. En ese marco, Morena llegó a proponer en 2020 una reforma y cambios a la ley orgánica para la elección popular del rector, que combatieron sus autoridades. Esas descalificaciones e iniciativas enviaban el mensaje de que la definición del relevo no recaería en la Rectoría, aunque controla el proceso.

Sin embargo, Graue ha librado todas esas amenazas, incluso a costa de silencio y encajar estoicamente episodios bochornosos para la UNAM, como el plagio de la tesis de la ministra Esquivel. Lejos de esos peligros, el nombramiento se encamina a volver a mostrar que el gran factor de la decisión es trabajar en el equipo del rector para la continuidad de las elites que gobiernan. En efecto, Graue podría dejar el cargo a un funcionario de su cuerpo directivo y entregar en paz la institución en las agitadas aguas de 2024, dado que la mayoría de los cinco finalistas son de su círculo.

Aunque respetar feudos internos no augure mejores oportunidades a la exigencia de modernización de la UNAM, en la que han coincidido todos los candidatos. A esta afirmación se podrá objetar que, por primera vez en su historia podría llegar una mujer a la UNAM con finalistas como Patricia Dávila, secretaria de Desarrollo Institucional, o que el proceso se abriera a un no egresado de la UNAM, pero el rasgo dominante es que la mayoría está bajo el manto del rector. En esa misma condición está uno de los más fuertes, Leonardo Lomelí, secretario general y muy cercano a Graue, frente al director de Derecho, Raúl Contreras, el único aún vivo de los que han corrido como outsiders.

En el elenco de la atribulada sucesión no asoma un cambio de tendencia. Tampoco se escucha turbación por la intervención del gobierno y, aunque Graue dio el disparo de salida a la carrera, al despedirse del Consejo Universitario, llamó a “rechazar intereses ajenos y ánimos desestabilizadores”. Su preocupación por “voces” que interfieran en la UNAM, en alusión a López Obrador, se diluyó o siempre fue —como dice Lomelí en un guiño al oficialismo— más “mediática que práctica”, si se atiende que no se tradujo en recorte de presupuesto para debilitarla, a diferencia de otras instituciones autónomas. El Presidente, coincidentemente, no ha dicho palabra alguna sobre la sucesión.

Pero más allá de azuzar a fantasmas, la coincidencia del proceso con la sucesión presidencial abrió un nuevo escenario de equilibrios políticos. El tono inicial de alarma cedió a medida que se despejaron interrogantes de 2024 y el “bastón de mando” recayó en Sheinbaum, que conoce bien la UNAM, como se ve en el fichaje en medio del proceso de una voz muy influyente en sus grupos de poder, la del exrector Juan Ramón de la Fuente, y cercano colaborador de López Obrador.

En el rejuego de alianzas, Graue pudo encontrar espacios para recuperar la fuerza perdida con el Presidente, que presionaba con la democratización para reducir el peso de “cacicazgos” internos en el relevo. Ahora las cartas de la Rectoría no son mal vistas por Sheinbaum, que también preferiría un relevo ordenado para evitar que la UNAM sea parte de disputa electoral en 2024.

Un ambiente de acuerdos ofrece a ambos posibilidad de colaboración para definir el futuro de la institución. Aunque la continuidad no es sinónimo de oportunidad de una sacudida interna como la que pidiera López Obrador, para encarar su modernización pendiente.