Derechos bajo fuego
En Francia la movilizacióncontra la violencia fue inmediata porque es la mayor amenaza a la libertad de expresión y puerta de entrada a la autocensura. Pero en nuestro caso el centenar de periodistas asesinados desde 2000 apenas ha convocado algunas manifestaciones como si a la autoridadno le dolieran sus periodistas.
José Buendía Hegewisch
Número cero
La crisis de derechos humanos y el ambiente de impunidad en que opera el crimen traen nuevamente un caso de horror en Veracruz con el asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo, el pasado 2 de enero. Su cuerpo fue encontrado el sábado 24 en el municipio de Altamirano, tras la detención de policías municipales que confesaron haberlo asesinado y señalaron al alcalde panista Omar Cruz Reyes como autor intelectual, porque no le gustaba la información que publicaba. Otra vez, como en el caso Iguala, el crimen proviene de la autoridad y la policía municipal, una muestra más de lo que ha llegado a ser capaz la autoridad y el grado de deterioro institucional que existe.
La familia del periodista, al igual que las de los normalistas de Ayotzinapa, desconfía de la identidad del cuerpo que le presentaron hasta confirmar con el ADN. Casi al mismo tiempo el gobierno corroboró la versión oficial sobre el asesinato e incineración de 42 de ellos, aunque sin aportar pruebas científicas salvo en el caso de uno. Ambas reacciones expresan la crisis de credibilidad en las instituciones y los casos comparten profundas implicaciones para el ejercicio de los derechos.
Un denominador común entre los crímenes contra derechos humanos por desapariciones forzadas y los de periodistas es la baja capacidad de respuesta institucional, desde la justicia hasta las comisiones de derechos humanos, que se traduce en impunidad e inhibición de derechos fundamentales. Los periodistas asesinados en París, de la revista Charlie Hebdo convocaron a millones de personas a las calles y la actuación inmediata del gobierno, incluso de líderes europeos. Con Moisés suman 11 periodistas asesinados en Veracruz (de los estados más peligrosos para la prensa), pero ni el gobierno ni el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos siquiera se pronunciaron ni ninguna institución, incluida la fiscalía especial de la PGR, tomaron cartas en el asunto. Parecen una entelequia.
En Francia la movilización contra la violencia fue inmediata porque es la mayor amenaza a la libertad de expresión y puerta de entrada a la autocensura. Pero en nuestro caso el centenar de periodistas asesinados desde 2000 apenas han convocado algunas manifestaciones, como si a la autoridad y a la sociedad no le dolieran sus periodistas. La consecuencia de la indiferencia es el crecimiento de la autocensura junto con la inseguridad y mayor presión de poderes de facto e institucionales como se demuestra en Altamirano.
El Mecanismo ha recibido 231 solicitudes desde su nacimiento en 2012, 60% periodistas y 40% de defensores de derechos humanos. Aunque ello no ha detenido el registro de más de 12 asesinados en los últimos dos años y tampoco ha ayudado a visualizar la problemática ni la gravedad de estos crímenes para la democracia y los derechos fundamentales, a diferencia de la movilización pública por los normalistas. Su mayor triunfo hasta ahora es que ninguna persona bajo protección ha sufrido atentado o agresión. Es también un reflejo del fortalecimiento técnico que aportó Freedom House para revertir el rezago y mejorar los procesos internos de evaluación de riesgo. Pero más allá de esto, la voluntad política para que funcione ha sido exigua y la disponibilidad de recursos tardía. Sobre todo, nada se ha avanzado en acciones de prevención para contrarrestar factores de riesgo, mientras la ausencia de visibilidad y de liderazgo de su junta (Segob, PGR, Relaciones Exteriores, PF, CNDH), y de la representación de la sociedad civil deviene en un aparato burocrático.
De origen hay problemas con el diseño de la ley, por ejemplo, en el nivel de la representación institucional en su junta de dirección y en la selección de la representación ciudadana en el consejo. Éste nació de un proceso turbio en las postrimerías del gobierno de Calderón por un intento fallido de manipulación con organizaciones a modo, que finalmente cedió el control a un grupo de OSC de derechos humanos sectarias y mediafóbicas que controla el espacio como si fuera su destino “histórico”. La ley pone en sus manos la designación de los relevos como juez y parte, en detrimento de la pluralidad y la comunicación con los públicos que protege, especialmente de periodistas. En la interlocución con la junta de gobierno priva la desconfianza hasta caber la posibilidad de que el propio Mecanismo sea fuente de amenazas.
Por eso, entre la burocracia que se ve el ombligo y la impunidad del crimen, la protección de periodistas necesitará sobre todo… que permanezca la indignación y hartazgo de la sociedad por éstos.
*Analista político
Twitter: @jbuendiah