Este fin de semana, Francia vivió una crisis de manifestaciones que podría ser recordada por la violencia de los disturbios, los cientos de detenidos, los policías heridos y los actos de vandalismo y destrucción registrados en diversas ciudades del país.
En principio, las pretensiones parecen legítimas: estudiantes que solicitan mejores condiciones educativas, más profesores y transparencia en los procesos de admisión a las mejores universidades, entre otras exigencias. De igual forma, manifestarse para mostrar inconformidad hacia un gobernante es válido, incluso democrático. Pero viene entonces la ironía: exigir más de lo mismo, defender el modelo de aquellas políticas públicas que han contribuido a los problemas económicos y sociales que hoy enfrentan países como Francia, España o Bélgica, con deudas públicas enormes y un evidente desgaste de sus modelos de bienestar.
Y esto nos lleva a una cuestión de fondo: la tolerancia hacia discursos e ideologías de izquierda que, en distintas partes del mundo, han demostrado sus limitaciones y fracasos. Hemos visto naciones quebrarse, colapsar y ser devastadas bajo modelos que, en el discurso, resultan sumamente atractivos. ¿Quién no quisiera que todos tuviéramos lo mismo? El problema aparece cuando las promesas se enfrentan a la realidad y descubrimos que la igualdad pregonada no siempre se traduce en prosperidad, sino que puede terminar comprometiendo las finanzas públicas, debilitando las instituciones y limitando las oportunidades de una sociedad.
Así, vemos cómo se toleran discursos y conductas que, bajo distintas banderas, pretenden imponer sus propias reglas a los demás. Ocurre con quienes llegan a otros países y exigen que la sociedad se adapte a sus costumbres, en lugar de asumir la responsabilidad de integrarse y respetar las normas del lugar al que llegan. Ocurre también cuando grupos de choque, disfrazados o pretendiendo ser alumnos, desvirtúan cualquier exigencia legítima y válida mediante la violencia, el vandalismo y la destrucción.
Y quizá es aquí donde debemos preguntarnos en qué se ha convertido nuestra sociedad: en una que parece obligada a permitir cualquier agravio, cualquier disturbio y cualquier acto de violencia bajo la bandera de la libertad de expresión. Pero la libertad no puede convertirse en una justificación para destruir, agredir o imponer por la fuerza aquello que no se consigue mediante el diálogo. Mucho menos cuando, en nombre de determinados ideales, se termina dañando lo más valioso que tenemos: la posibilidad de vivir en paz y sin miedo.
Lo ocurrido este fin de semana debe servir como una advertencia de lo que podría venir en otras partes del mundo: sociedades en las que grupos intolerantes e impositivos buscan apropiarse de distintos espacios, incluso a nivel nacional, para hacer prevalecer sus ideales, sus creencias y sus exigencias a cualquier costo. Entonces, para conseguirlo hay que destruir lo que haga falta, causar el daño que sea necesario o vulnerar los derechos de los demás. Y, cuando llega la respuesta de las autoridades, la narrativa cambia: aparecen entonces las acusaciones de represión, odio y discriminación.
Por supuesto, ninguna sociedad debe renunciar a la libertad de expresión, al derecho a manifestarse ni a la diversidad de ideas. Pero tampoco puede permitir que estos derechos se utilicen como escudo para justificar la violencia y la imposición. Una cosa es disentir y otra muy distinta pretender que los demás se sometan a nuestras exigencias.
El mundo exige libertad, diversidad, aceptación y pluralidad. Pero, antes que eso, requiere orden.