Si algo hacía falta para comprobar que la FGR es el eslabón más débil de la cadena judicial y de seguridad, el reportaje divulgado ayer por Irving Pineda de Azteca Noticias sobre Jorge Amílcar Olán, residiendo en Lugano, Suiza, el país en el que depositó una fortuna millonaria cuando abandonó México, es la mejor demostración de la negativa de las autoridades para investigar presuntos delitos que han tenido amplia difusión en medios y que para la fiscalía no existen.
Sobre Jorge Amílcar Olán existen elementos de todo tipo como para iniciar una investigación judicial y por lo menos llamarlo a declarar. Hay grabaciones en las que Olán, hablando con distintos personajes, se refiere al suministro de balasto para obras ferroviarias como el Tren Maya y el Tren Interoceánico. En uno de los audios, Olán dice que Gonzalo Bobby López Beltrán le dio la instrucción de producir “500 mil metros cúbicos de aquí al 30 de noviembre”. También se difundió otro fragmento en el que Olán afirma que Bobby le facilitaría el acceso a minas en Oaxaca, en las que se deduce que habría pagado sobornos para evitar la revisión del material utilizado en las vías férreas.
En la grabación, Olán conversa con Pedro Salazar, primo de los hijos del exmandatario, sobre pagos a laboratorios para avalar la calidad del balasto, la piedra que da estabilidad a las vías, aun cuando reconocen que el material podría provocar fallas futuras. La parte más polémica de uno de esos fragmentos es la frase sobre que, si el tren se descarrilaba, “ya sería otro pedo”.
Se exhibieron audios en los que Olán presuntamente habla de pagos o sobornos para evitar pruebas físicas y químicas al balasto, de modo que el material no fuera sometido a controles rigurosos antes de utilizarse en las obras.
En agosto de 2026, Latinus difundió nuevas grabaciones atribuidas a los hermanos Olán, Amílcar y Luis Alberto. En ellas hablan de contactos con personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para proteger minas y operaciones de balasto en Veracruz frente a extorsiones, una relación criminal que habría servido para controlar minas y garantizar el suministro de material para el Tren Maya y el Tren Interoceánico.
Se podrá argumentar que los audios no constituyen necesariamente la prueba material de un delito, pero sin duda son indicios que deben ser investigados, porque estamos hablando, además, de negocios realizados por un presunto empresario sin experiencia alguna en esas actividades y menos aún de esa magnitud, y que resultó beneficiario de todo tipo de contratos, desde balasto para vías férreas hasta proveer medicinas, a partir de la relación de amistad con los hijos del expresidente.
Resulta evidente que, por lo menos, ameritaría una investigación que Ernestina Godoy dice que no se ha abierto e incluso se dijo que no se sabía su localización. Pues bien, ahora se sabe que está en Lugano, una de las ciudades más caras del mundo, que cambió su apariencia y que utiliza de otra forma su nombre. Que allí se esconde. Esa información enlaza con la que ya había sido difundida de que, terminando la administración López Obrador, había sacado del país tres mil millones de pesos, casi 170 millones de dólares al cambio actual, que fueron depositados en Suiza.
El argumento de no saber dónde está un presunto involucrado en este tipo de delitos también se aplicó desde la FGR para el exsecretario de Marina Rafael Ojeda, directamente relacionado con el caso de contrabando de combustible que involucra a sus dos sobrinos, los hermanos Farías Laguna, que tuvieron durante su gestión altos mandos en la Marina y en áreas de Aduana. Es imposible que no se conozca la ubicación del almirante Ojeda porque un secretario de la Marina (lo mismo ocurre en la Defensa) cuando termina su encomienda no se retira, continúa como asesor de su sucesor y, como tal, está en activo y siempre localizable por su superior. Se trata simplemente de demandar su presencia.
Es más ridículo porque, hasta hace unos días, Ojeda disfrutaba cotidianamente de un campo de golf muy exclusivo en la Ciudad de México. Con regularidad jugaba los sábados a las 8:45 de la mañana. Recordemos que existe una grabación del almirante Ojeda con el contraalmirante Rubén Guerrero Alcántar que denuncia el contrabando de combustible, el denunciante, al igual que otros involucrados, fue poco después asesinado. El caso también termina relacionando a los hijos del exmandatario y a políticos como Adán Augusto López. No sólo a ellos, sino también a empresas identificadas con el CJNG. Ninguno ha sido siquiera citado a declarar.
Tampoco la FGR ha podido avanzar en las investigaciones sobre Rubén Rocha o Enrique Inzunza, acusados por la justicia estadunidense de trabajar con el cártel de Los Chapitos. Vamos, ni siquiera ha podido esclarecer qué sucedió hace más de dos años con la extracción de Ismael El Mayo Zambada y con la muerte, ese mismo día, de Héctor Melesio Cuén.
Las huellas de la corrupción son evidentes y no se investigan porque las mismas llegan hasta Palenque. Mientras tanto, los esfuerzos nacionales en muchos otros ámbitos, como la seguridad, se deterioran porque sin justicia resulta imposible avanzar. Y eso sirve tanto para la lucha contra la corrupción, como en la seguridad y las inversiones. Hacer justicia es construir soberanía.