Seguridad, CNDH y justicia

Las cifras del SNSP son terminantes y provienen de datos oficiales: entre enero y octubre hemos alcanzado ya los 29 mil 574 muertos, la administración López Obrador ha superado, en este noviembre, los 30 mil muertos desde el inicio de su gestión. Para quien prometió resultados en los primeros cien días de su gobierno, no deja de ser una cifra que permea cualquier intento de revertir la percepción social de que vivimos al borde de un Estado fallido o, por lo menos, fuera de control en términos de seguridad. No se trata sólo de asesinatos: las cifras se han disparado también en secuestros (mil 392 denunciados), extorsiones (siete mil 358 denunciadas), feminicidios y robos.

Al mismo tiempo, ya desde una instancia de gobierno se habla claramente de narcoterrorismo. No se trata de un simple juego de palabras. Si se acepta la definición del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, de que en su estado y más concretamente en Nuevo Laredo se ejerce un narcoterrorismo por parte de los grupos del crimen organizado, se debe aceptar también un combate mucho más firme contra esas organizaciones, de un combate militar que incluso podría tener participación estadunidense.

Según sus propias leyes, Estados Unidos está en condiciones de actuar en otros países para acabar con amenazas terroristas. Y Nuevo Laredo, por ejemplo, no sólo está en su frontera, es el principal puerto terrestre de entrada y salida de productos de EU con México, con todo lo que ello implica.

En la definición de narcoterrorismo se basó, por ejemplo, la intervención estadunidense en el contexto del Plan Colombia en ese país. La pregunta es si habrá llegado la hora de adentrarse en aventuras de ese tipo.

En el gobierno federal están convencidos de que, siendo estos números reales, deben ser matizados y, sobre todo, puestos en contexto: la violencia y la inseguridad se concentran en un número determinado de estados y municipios, mientras que la mayor parte del país está en calma. Ya lo analizaremos en los próximos días con todo detalle, pero lo cierto es que resulta casi imposible debatir ante realidad tan contundente.

Pero, mientras tanto, el gobierno federal se está quedando con instancias clave para la administración de la justicia. El caso de la CNDH es transparente al respecto. La designación de Rosario Piedra, cada día que pasa, se convierte en un capricho más costoso. Ahora se sabe también no sólo que la señora Piedra no alcanzó en realidad la mayoría calificada que requería con la presencia de 116 senadores, de 77 votos, sino que, en la sesión, el quórum era de 118 senadores, lo que elevaba la cifra a 79 votos. Y ella sólo tuvo 76. También ya el INE confirmó que mintió al Senado al decir que no militaba en Morena, cuando está registrada, apenas en octubre pasado, como consejera nacional de ese partido.

El gobierno se quedará con la CNDH, pero la Comisión perderá legitimidad. La propuesta de salida es realizar una gran transformación legal que establezca cinco visitadurías electas por mayoría calificada y autónomas en la propia Comisión y que se concentren allí también muchas de las políticas de derechos humanos que se llevan hoy en Gobernación. Puede ser una salida a la crisis.

Al mismo tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, el gobierno federal se ha quedado con el control del Consejo de la Judicatura Federal, que encabeza el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. Con los nombramientos de Loretta Ortiz y Eva de Gyvés, más la llegada de Bernardo Bátiz, todos personajes muy cercanos a Morena y a él mismo, el presidente López Obrador se quedará con el control del principal órgano rector del Poder Judicial.

La elección de las nuevas consejeras se realizó sin apoyo del PAN y con una participación dividida del PRI. Lo cierto es que las dos nuevas consejeras, que son parte del equipo del Presidente (estuvieron con él en campaña, son parte de Morena y ya habían sido propuestas por López Obrador, sin suerte, para ser ministras de la Suprema Corte), consolidan el control del gobierno o de sus personajes centrales sobre un Consejo de la Judicatura clave para la reforma judicial que quiere emprender el ministro Zaldívar.