La estrategia antidrogas que anunció el lunes el gobierno de Estados Unidos es un punto de inflexión en las políticas de la Unión Americana en la lucha contra las drogas. La estrategia global que presentó el gobierno de Estados Unidos es mucho más que un documento doctrinal, es la hoja de ruta explícita que seguirá la Casa Blanca en la lucha contra los cárteles de la droga, íntimamente conectada con la estrategia de inteligencia y de seguridad nacional presentadas semanas atrás.
La estrategia coloca a México —junto con China, India y Colombia— como uno de los cuatro pivotes geográficos de una guerra global contra el fentanilo y los cárteles. La estrategia define al fentanilo ilícito como un arma de destrucción masiva y a los cárteles como amenazas terroristas, lo que abre la puerta a la utilización de herramientas financieras, judiciales e incluso militares en su contra. Por primera vez, Washington pone por escrito que la cooperación con México está condicionada a extradiciones, a que las empresas mexicanas pueden ser sancionadas, a que los cárteles sean perseguidos como terroristas y el campo de batalla incluye lo digital y lo económico.
Por si quedaran dudas, la carta publicada ayer por la zar antidrogas de la Casa Blanca, Sara Carter, las despeja y enfatiza que se llevará la lucha contra “el enemigo con una ofensiva implacable. La era de la contención, dice, ha fracasado. Esta estrategia sirve como nuestra orden de batalla para cazar a los cárteles en sus refugios, desmantelar sus laboratorios, incautar sus activos y cortar sus líneas de suministro. Utilizando cada instrumento del poder estadunidense, quebraremos la columna vertebral de las Organizaciones Criminales Transnacionales, especialmente aquellas designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras, que lucran con la muerte de nuestros ciudadanos”.
Todo lo dicho se podría aplicar en forma literal a los casos de Rubén Rocha Moya y los otros nueve acusados por Estados Unidos de colaborar y ser parte del entramado de colaboración y complicidad con el Cártel de Sinaloa. Pero el gobierno federal y la FGR parecen decididos a ignorar la realidad y tratar de cubrir con un discurso falsamente soberanista, lo que constituye un andamiaje de protección a los funcionarios acusados y por ende a los grupos criminales transnacionales. Nada viola más la soberanía de un país que la impunidad de los funcionarios que trabajan con los narcocárteles.
No se asume, primero, que hay pruebas de todos los colores y sabores de esas complicidades: no de ahora sino desde hace años. Que los acusados están desprestigiados y están condenados por la propia sociedad: los números que publica ayer en su columna Javier Tejado Dondé de un estudio elaborado por la plataforma Brandwatch durante el fin de semana, “deja ver que la conversación del tema es gigante: 1.35 millones de menciones y un alcance potencial de 1.8 mil millones de personas, con 11 tendencias en X. Pero el gran dato es que la actitud nacional hacia el gobernador con licencia de Sinaloa es 75% negativa, 21% neutral y apenas 4% positiva. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene en este tema, 75% de actitud negativa, igual que Rocha Moya. Pero le va peor a Morena, que representa 28% de la conversación y trae 90% de negativos, 9% de neutrales y apenas 1% de positivos”.
Ante eso, la estrategia del gobierno es hacer todo lo posible por no detener ni extraditar a Rocha y sus cómplices que, recordemos, están acusados de delitos que Estados Unidos considera equiparables al terrorismo. No es verdad lo que dice el gobierno de que Estados Unidos debe presentar pruebas concluyentes y exhaustivas antes de proceder a la detención: lo que pide Estados Unidos, o sea la detención provisional con fines de extradición, como ya lo hemos dicho aquí desde la semana pasada, lo único que requiere es la expedición de las órdenes de aprehensión por la justicia del país reclamante o sea de Estados Unidos. Tampoco es verdad que esa información se debe mantener en secrecía: en ninguna parte del tratado de extradición ni con EU ni con ningún otro, lo dice.
Lo que está haciendo la FGR es una estratagema para investigar a los acusados dentro del país, no encontrar nada, exonerarlos, como ya lo adelantó la FGR apenas 24 horas después de las solicitudes de detención y, argumentando que ya han sido investigados en México, negar las extradiciones.
Es una estrategia suicida porque copia lo hecho con el caso Camarena en 1985, pero olvida que las normas han cambiado, que se está violando el tratado de extradición, que Estados Unidos tiene una visión y una posición global radicalmente distinta y mucho más dura, como se pone de manifiesto con la política antidrogas dada a conocer ayer y que se sustenta en dos definiciones adicionales que son claves en todo esto: que los cárteles son organizaciones terroristas, lo que según las leyes estadunidenses les da sustentos legal para realizar hasta acciones militares extraterritoriales; y que el fentanilo es un arma de destrucción masiva, lo que aumenta aún más los instrumentos legales unilaterales.
Lo que se vulnera es el mecanismo completo de cooperación en materia de extradición, la confianza entre las autoridades y uno de los pocos instrumentos que han funcionado en la relación bilateral en seguridad, con el agregado de que la mira está puesta en las redes de complicidad política que se quieren mantener impunes. Esas rupturas, esa vulneración de la confianza, nunca queda sin respuesta.